El Gobierno confirmó que la Ley del Libro no llegará al Congreso

El Gobierno nacional confirmó que el proyecto para modificar la Ley del Libro y eliminar el sistema de precio fijo no será tratado, por ahora, en el Congreso. La decisión fue comunicada por el presidente Javier Milei, luego de la polémica que generó la iniciativa entre librerías, editoriales y distintos actores del sector cultural.

La propuesta había surgido desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y contemplaba eliminar la Ley 25.542, que establece que el editor fija un precio para cada libro y que ese valor debe ser respetado por los puntos de venta.

Consultado por Infobae, Milei aseguró que la iniciativa “no entró ni va a entrar” al Congreso. El mandatario también sostuvo que no existen diferencias dentro del Gobierno respecto de la estrategia legislativa y explicó que las decisiones sobre qué proyectos impulsar son tomadas por la mesa política.

La propuesta que generó rechazo

El anteproyecto oficial buscaba permitir que las librerías pudieran competir mediante descuentos, promociones y distintas estrategias de precios. Desde el Ministerio de Desregulación habían argumentado que una mayor competencia permitiría reducir los precios para los lectores y ampliar las opciones disponibles.

El planteo generó, sin embargo, un fuerte rechazo entre libreros y editores independientes, quienes advirtieron que la eliminación del precio fijo podría favorecer a grandes cadenas, supermercados y plataformas digitales con mayor capacidad financiera.

Uno de los principales argumentos del sector es el riesgo de dumping, es decir, que los grandes jugadores puedan vender determinados títulos a precios muy bajos para atraer clientes y desplazar a las librerías pequeñas.

Desde el sector editorial también señalaron que el actual sistema permite que las librerías compitan no solamente por el precio, sino fundamentalmente por la variedad de sus catálogos y la oferta cultural que brindan.

El Gobierno cambió la prioridad

La senadora Patricia Bullrich había adelantado que el oficialismo buscaría concentrarse en otras iniciativas consideradas de mayor importancia estructural.

“Farmacias y librerías no lo son”, sostuvo Bullrich al referirse a las prioridades legislativas del espacio.

Aunque voceros del Ministerio de Desregulación habían señalado inicialmente que el proyecto buscaba hacer más accesibles los libros, este miércoles la definición presidencial dejó a la iniciativa fuera de la agenda parlamentaria.

La discusión había llegado incluso a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, donde representantes de la Cámara Argentina de Librerías Independientes expusieron sus argumentos contra la modificación.

La defensa de las librerías independientes

Uno de los principales cuestionamientos a la desregulación apunta a las consecuencias que podría tener sobre las librerías pequeñas y medianas.

Desde el sector se mencionó como antecedente el caso de Inglaterra, donde, según representantes de librerías independientes, una experiencia de desregulación terminó con el cierre de cientos de establecimientos y una reducción de la participación de las librerías pequeñas.

También hubo cuestionamientos desde grandes actores del mercado. Adolfo de Vincenzi, CEO del grupo ILHSA, propietario de Yenny y El Ateneo, había advertido sobre el impacto que podrían tener supermercados y plataformas digitales si se liberara completamente la competencia de precios.

Un debate que queda abierto

La discusión, de todos modos, no implica que todos los integrantes del sector estén de acuerdo con mantener la legislación sin modificaciones.

Algunos editores y libreros reconocen que la norma quedó desactualizada frente a los cambios tecnológicos, la expansión de las ventas online y la aparición de nuevos formatos de lectura. El planteo de una modernización de la legislación aparece así como una alternativa, aunque con diferencias respecto de una desregulación completa.

Desde la Fundación El Libro, su presidente Christian Rainone había planteado que las librerías cumplen una función que excede lo comercial, al considerarlas espacios culturales vinculados con la promoción de la lectura y la actividad comunitaria.

Por ahora, el Gobierno decidió no avanzar con la eliminación del precio fijo. La Ley del Libro continuará vigente y el debate sobre una eventual actualización de la normativa quedará abierto, mientras el sector editorial y librero mantiene la expectativa sobre futuras discusiones legislativas.