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El Gobierno deberá pagarle sueldos a un ex preso por trabajar en cárceles
La Suprema Corte provincial falló a favor de José Molina, quien estuvo detenido entre 1996 y 2016 y realizó tareas en distintos penales sin percibir la remuneración correspondiente.
POR REDACCIÓN
En un fallo inédito, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió que el Gobierno provincial deberá pagar los sueldos adeudados durante dos décadas a un hombre que cumplió condena en distintas cárceles y trabajó sin cobrar por la mayoría de sus tareas.
Se trata de José Aníbal Molina, quien estuvo privado de su libertad entre 1996 y 2016. Durante ese extenso período, Molina se desempeñó como fajinero, mimbrero, bibliotecario y también realizó actividades agrícolas en penales como San Felipe, Almafuerte, Gustavo André y Boulogne Sur Mer.
El fallo, firmado por los jueces Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio, hizo lugar a la acción procesal interpuesta por el exinterno, quien exigía el pago de jornales en base a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (N.º 24.660), que establece que el trabajo de las personas detenidas debe ser remunerado.
El Servicio Penitenciario y la Fiscalía de Estado reconocieron la detención de Molina y la prestación de ciertos servicios, aunque argumentaron que no había registros suficientes que acreditaran todos los trabajos reclamados.
Sin embargo, la Corte desestimó ese punto. “Resultaría un contrasentido que sea la persona privada de la libertad quien, luego de recuperarla, deba cargar con la prueba de un hecho cuya constatación es responsabilidad del Estado”, sostuvo el juez Adaro en los fundamentos del fallo.
Según el análisis de los magistrados, se comprobó que el exdetenido trabajó al menos 2.505 días entre 1996 y 2003, y otros 727 días entre 2004 y 2016, sumando más de 2.400 horas de labores documentadas, especialmente en los años previos a su liberación.
Deberá pagarse según sueldos vigentes en cada período
La sentencia ordena al Gobierno de Mendoza a liquidar y abonar los salarios adeudados, con intereses desde marzo de 2016, cuando Molina recuperó su libertad. El monto total será calculado en función de los sueldos vigentes para tareas similares en el momento en que se realizaron.
El caso reabre el debate sobre las condiciones laborales dentro del sistema penitenciario y la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos de los detenidos, incluso durante el cumplimiento de condenas. Ahora, el Gobierno deberá afrontar una indemnización millonaria que podría sentar precedente para futuros reclamos similares.
Fuente; Mendoza Today