Política > Investigación judicial
El Gobierno denunció a Cristina Kichner por estafa y defraudación al Estado
El Gobierno aseguró que la exmandataria cobró irregularmente bonificaciones por Zona Austral mientras residía en Buenos Aires.
POR REDACCIÓN
El Gobierno, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), presentó una denuncia penal contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner por la supuesta percepción indebida de un beneficio adicional por "zona austral" en sus asignaciones previsionales. La causa fue radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, a cargo de Julián Ercolini.
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Según el escrito judicial, Fernández de Kirchner habría cobrado un suplemento destinado a quienes residen en regiones del sur del país, pese a que su domicilio efectivo estaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La denuncia sostiene que la exmandataria "insertó o hizo insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas" para acceder al beneficio en dos asignaciones: la derivada de la pensión por viudez del expresidente Néstor Kirchner y la correspondiente a su función como expresidente.
El documento detalla que "siendo de público y notorio conocimiento su residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de percepción de ambas asignaciones", Fernández de Kirchner habría incumplido los requisitos legales para recibir dicho adicional. En noviembre de 2024, percibió más de $6 millones por este concepto, según datos de Anses.
El titular del organismo, Mariano de los Heros, explicó que el beneficio es exclusivo para quienes residen en provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y el partido de Carmen de Patagones. Además, anunció que se realizará una auditoría sobre todos los beneficiarios que reciben el suplemento por zona austral para verificar su cumplimiento con la normativa vigente.
La denuncia también incluye una solicitud para investigar si el expresidente Néstor Kirchner percibió este mismo beneficio y bajo qué condiciones. Desde el Gobierno sostienen que la presentación judicial es parte de una política de transparencia y administración austera de los recursos públicos.
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El caso está ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si existió perjuicio patrimonial para la Anses y definir eventuales sanciones en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas.