El Gobierno denunció a las petroleras en Malvinas y pidió decomisar el petróleo

El Gobierno de Javier Milei avanzó con una fuerte ofensiva judicial contra las empresas que buscan extraer petróleo en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La Cancillería presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal y pidió investigar a las compañías involucradas, a sus directivos y a quienes hayan participado en el proyecto denominado Sea Lion. 

La presentación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y apunta contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic Limited, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. 

Pidieron decomisar el petróleo

Uno de los puntos centrales de la denuncia es el pedido para que la Justicia disponga embargos preventivos, inhibiciones generales de bienes y el decomiso de equipos, materiales, insumos e hidrocarburos que eventualmente sean extraídos.

Además, el Gobierno solicitó investigar si la estructura utilizada para financiar y llevar adelante el proyecto puede configurar los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. También pidió analizar posibles delitos de contaminación ambiental y contrabando. 

La denuncia alcanza no solamente a las sociedades involucradas, sino también a directores, administradores, representantes, gerentes e intermediarios que hayan tomado decisiones o participado en la ejecución de las actividades denunciadas. 

El proyecto Sea Lion

La ofensiva judicial se produjo después de que las propias compañías anunciaran que habían alcanzado la Decisión Final de Inversión (FID) para avanzar con el proyecto petrolero.

El plan contempla la perforación de 11 pozos submarinos, conectados a una plataforma flotante de almacenamiento y descarga. El objetivo de las empresas es comenzar a extraer comercialmente el primer barril de petróleo en 2028. 

Para la Cancillería argentina, el desarrollo de esa infraestructura en un área sobre la que el país sostiene derechos soberanos representa un avance ilícito sobre sus recursos naturales.

Una nueva ofensiva por la soberanía

La denuncia se suma a las medidas anunciadas recientemente por Milei para reforzar la posición argentina sobre el Atlántico Sur. El Presidente confirmó la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y anticipó el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a fortalecer la defensa de la soberanía nacional y endurecer las sanciones contra empresas extranjeras que operen sin autorización argentina en las Islas. 

En paralelo, el Gobierno pidió asistencia jurídica internacional para obtener información societaria, bancaria y contractual de las empresas involucradas y avanzar, si corresponde, con medidas sobre sus bienes.