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El Gobierno ofreció 24% de aumento y no hubo acuerdo con universidades
La Casa Rosada propuso una recomposición salarial del 24,3%, sin embargo, exigió que las universidades retiraran la demanda que tramita en la Corte Suprema, condición que trabó las negociaciones.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional y las universidades públicas mantuvieron una reunión para intentar destrabar el conflicto por el financiamiento del sistema universitario, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Aunque existió un principio de acuerdo en materia económica, la exigencia del Ejecutivo de retirar una demanda judicial pendiente ante la Corte Suprema impidió avanzar en un entendimiento.
El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Durante la reunión, el Gobierno ofreció una recomposición salarial del 24,3% para docentes y no docentes universitarios, destinada a compensar parte de las pérdidas acumuladas entre 2024 y los primeros meses de 2026. La propuesta contemplaba un incremento del 21,3% a pagar en junio y otro 3% en octubre.
Además de la mejora salarial, la oferta incluía un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y un refuerzo de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios. También se planteó la creación de una comisión técnica para analizar deudas pendientes y establecer negociaciones paritarias cada tres meses.
Sin embargo, el principal obstáculo fue la condición impuesta por la Casa Rosada: que las universidades desistieran de la demanda judicial que reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Esa presentación se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema y podría obligar al Estado nacional a realizar desembolsos millonarios en caso de un fallo adverso.
Desde el CIN consideraron razonable parte de la propuesta económica, pero rechazaron de plano abandonar la vía judicial. Los rectores sostienen que la demanda busca garantizar el cumplimiento de una ley vigente y remarcaron que no están dispuestos a renunciar a ese reclamo mientras no exista una solución integral para el financiamiento universitario.
La disputa judicial tiene un fuerte impacto fiscal. Según trascendió, si la Corte Suprema falla en contra del Gobierno, el Estado podría verse obligado a destinar alrededor de 2,5 billones de pesos para cumplir con los aumentos salariales y las partidas contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario.
Mientras tanto, ambas partes mantienen abiertos los canales de diálogo, aunque sin una fecha definida para un nuevo encuentro. El conflicto universitario continúa siendo uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno nacional y las casas de estudio, que vienen reclamando mayores recursos para garantizar salarios, becas, investigación y funcionamiento institucional.