El Gobierno se quedó sin excusas para cumplir con la Ley de Financiamiento universitario

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación en 2025, en sus artículos referidos a salarios y becas estudiantiles. La decisión del máximo tribunal se produjo al desestimar la queja presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros contra el Estado por el Decreto 759/25.

En una resolución firmada este jueves, el máximo tribunal remitió a lo resuelto el 4 de junio de 2026, en el incidente de recusación con causa correspondiente a la misma causa. Según publica la Agencia Noticias Argentinas, la Corte sostuvo que el recurso extraordinario, cuya denegación parcial dio origen a la queja, no cumplía con el requisito de dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, conforme al artículo 14 de la Ley 48.

El rechazo del recurso extraordinario dejó firme lo resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que había dejado firme el fallo de primera instancia. El expediente tuvo origen en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, que en diciembre ordenó al gobierno aplicar la ley.

Una dura pulseada judicial ganada 

El fallo obliga a cumplir los artículos relacionados con los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles, por lo que en la práctica implica cuestiones similares a las que acordaron el Gobierno y las universidades, rectores y gremios recientemente, por el que se otorgó un aumento del 21,3% en junio y un 3% en octubre. Sin embargo, el fallo de la justicia obliga a cumplir con el aumento de las becas Progresar, no contempladas en el acuerdo.

La queja ante la Corte había sido interpuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano – Secretaría de Educación, en su carácter de parte demandada. El expediente tuvo origen luego de que el presidente Javier Milei fuera obligado a promulgar la Ley de Financiamiento, pero se opusiera a aplicarla.

Repercusiones

Pasaron 247 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei, pero ya no hay más excusas, ni caminos alternativos en los pasillos del Poder Judicial. 

Durante todo este lapso de tiempo, sucedieron cuatro marchas universitarias en más de dos años y miles de protestas en todo el país. 

“Es una gran noticia, pero no solo para la comunidad universitaria. Esto es saludable para todas las instituciones de la nación”, dijo al medio nacional Página/12, Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que fue el organismo que impulsó la cautelar luego de que el gobierno se negara a implementar la ley con el argumento de que no especificaba de dónde sacar los fondos para cumplirla. 

Una justificación contradictoria si se compara, por ejemplo, con la sanción del miércoles de la ley para pagarle a dos fondos buitre 171 millones de dólares, que el proyecto libertario no explica de dónde saldrá ese dinero.

En el fallo, los supremos indicaron que el recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal” y por eso desestimaron el pedido de excusación (el Gobierno sostenía que los jueces debían excusarse porque todos ejercen la docencia universitaria) y la presentación directa e intimaron al Ejecutivo para que haga efectivo el depósito.

Todo el Frente Universitario celebró el fallo. Rectorados, gremios y alumnos lo consideraron como un triunfo después de cuatro movilizaciones multitudinarias, paros, clases públicas y tomas de edificios. 

“Es un fallo que, con toda la comunidad universitaria, estábamos esperando hace mucho tiempo. Le marca un límite al Ejecutivo que insiste en incumplir una ley votada unas cuantas veces por el Congreso y reafirmada por el Poder Judicial también. Es un hecho sin antecedentes este nivel de incumplimiento”, dijo la secretaria General de Conadu, Clara Chevalier.

La decisión de la Corte llega quince días después del acuerdo entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez; y el CIN y los gremios docentes y no docentes. El 10 de junio se definió un aumento del 24,9% para los trabajadores universitarios (21,3% en junio y el restante en octubre). 

Una recomposición que subsana el desfasaje del 2025 y un 7% a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de 2024, pero que está lejos de reponer todo el poder adquisitivo perdido. Es decir, que para que el gobierno de Milei cumpla efectivamente con la ley –que indica que la actualización debe ser en un porcentaje no inferior a la inflación informada por el Indec– se necesitaría una suba adicional del 29 por ciento, según los cálculos de los gremios.

“El porcentaje que queda por recuperar es alrededor de un 30 por ciento más, pero este gobierno no es un actor predecible. De cumplirse todo lo firmado, queda por recuperar ese 30%, pero para eso debe convocar a paritaria y ejecutarlo lo más pronto posible”, explicó Chevalier. 

Por su parte, la secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, remarcó que “existe la deuda que excede ese 24.9 %” y sostuvo que “se tiene que pagar y que esa seguirá siendo la bandera: cumplir con la ley y con la paritaria que es lo que dice la ley”.

Este diario consultó al Ministerio de Capital Humano sobre los pasos que seguirá tras el fallo de la Corte, pero no tuvo respuesta. Desde el CIN, Bartolacci consideró que “si hay cosas que ya se fueron cumpliendo respecto de lo estipula la ley, deberán ser contenidas como parte del cumplimiento ya hecho y deberán cumplir lo que resta”.

En otra de las partes del acuerdo, el Gobierno se comprometió a actualizar las Becas Manuel Belgrano –que están en 82.000 pesos– en un 50%. Con el fallo de la Corte también debe incluir otras, que quedaron congeladas desde que asumió Milei, y otras como las de Enfermería, que también perdieron poder adquisitivo. 

Desde la Federación Universitaria Argentina también celebraron el fallo del máximo tribunal porque, además, ahora la cartera que dirige Sandra Pettovello tendrá que pagar también las Progresar, que quedaron congeladas en 35.000 desde el 2023 y que habían quedado fuera del acuerdo. “Es una señal importante, pero el conflicto universitario sigue abierto. Mientras los salarios continúen deteriorados y las becas Progresar permanezcan congeladas, miles de estudiantes seguirán viendo vulnerado su derecho a estudiar. Ahora el Gobierno tiene que cumplir la ley y garantizar los recursos que nuestras universidades necesitan”, dijo su presidente, Joaquín Carvalho.

Para el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, la decisión de la CSJN también “sirve y mucho para que no se sigan yendo los docentes. Es un triunfo de toda la sociedad argentina”. 

Conadu, indicó que desde que asumió Milei casi 10 mil docentes renunciaron a sus cargos en instituciones públicas por los bajos salarios. O bien decidieron para pasarse a universidades privadas o a otros empleos por fuera de la docencia.

El camino de la ley

En agosto de 2025, el Senado sancionó la ley de presupuesto, pero un mes después Javier Milei la vetó con el argumento de que tenía un “costo fiscal inaceptable” a pesar de que la Oficina de Presupuesto del Congreso indicó que el impacto estimado es del 0,23% del PIB, un número irrisorio para la magnitud del gasto general. En octubre, el Parlamento rechazó el veto. Pero, a través de un decreto, la Casa Rosada declaró “suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”.

En ese momento, el CIN presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional y el 23 de diciembre, el juez Martín Cormick ordenó el inmediato cumplimiento del artículo 5 y 6, y seis días después, el Poder Ejecutivo apeló la medida. El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de Cormick y ratificó la cautelar a favor de las universidades, algo que finalmente el Gobierno intentó revertir con el recurso extraordinario que resolvió la CSJN.

La cuestión de fondo

Aún queda por definirse la cuestión de fondo, que tiene que resolver la justicia en lo contencioso administrativo federal, que mientras tanto habilitó la cautelar por considerar que el incumplimiento en la aplicación de la ley podía ocasionar graves perjuicios y el deterioro salarial, afectando el derecho de enseñar y aprender. 

Es por eso que desde el CIN hicieron un pedido de pronto despacho para que se resuelva más allá de los dos artículos más urgentes y que tiene que ver con ítems como gastos de funcionamiento y la inversión en ciencia. “Independientemente del recorrido que haga la discusión sobre la cuestión de fondo, el Gobierno tiene que, de manera inmediata, aplicar lo que está contenido en la cautela, que son estos dos artículos”, dijeron desde el CIN.