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El juez Roberto Montilla denunció al fiscal Iván Grassi
En medio del escándalo por su presunta intervención irregular en favor de un detenido, el juez de Garantías contraatacó con una denuncia penal contra el fiscal que lo investiga. La audiencia de formalización contra el magistrado ya tiene fecha.
Por Gustavo Bruni
El polémico caso que involucra al juez de Garantías, Roberto Montilla, sumó un nuevo capítulo de tensión institucional. Este viernes 11 de abril por la tarde, el magistrado se presentó en la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Delitos Especiales y denunció penalmente al fiscal Iván Grassi por incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias por haber filtrado un video y violentado el plexo probatorio.
La denuncia fue interpretada como un claro contrataque de Montilla, actualmente en el ojo de la tormenta por su presunto intento de intervenir a favor de un detenido alojado en la Comisaría 4ª, sin tener competencia sobre esa causa. La acción judicial va dirigida contra Grassi, coordinador de la UFI Delitos Especiales, y quien días atrás denunció al juez por usurpación de funciones en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor.
Según trascendió, Montilla sostuvo en su presentación que el fiscal busca “injuriar a un juez de la provincia” y lo responsabilizó por la filtración de imágenes en las que se lo ve dentro de la comisaría, hechos que ocurrieron el domingo pasado. A su entender, la divulgación del material —supuestamente proporcionado por la fiscalía a los medios— le causó un grave daño moral, tanto a él como a su familia, y afectó su investidura.
Se conoció que la Oficina Judicial fijó para el próximo lunes a la mañana la audiencia de formalización solicitada por Grassi contra el juez.
El origen del conflicto se remonta a la actitud que mostró Montilla hacia un detenido por estafa, identificado como José Benito Martín. La fiscal de Flagrancia María Paula Carena fue quien advirtió la conducta inusual del juez, que habría llamado varias veces a la Comisaría 4ª e incluso se presentó personalmente para interesarse por el imputado, proponiendo su traslado a una residencia de adultos mayores. La causa, sin embargo, no estaba bajo su jurisdicción, sino a cargo del juez Ricardo Moine.