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El Senado aprobó cambios en la Ley de Salud Mental y el proyecto pasó a Diputados
La iniciativa obtuvo 42 votos a favor y 21 en contra. Propone modificar los criterios de internación, incorporar cambios en los equipos médicos y ampliar el abordaje de las adicciones.
POR REDACCIÓN
El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada de este viernes 30 de octubre un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental vigente desde 2010. La iniciativa consiguió 42 votos a favor y 21 en contra en la votación en general y fue girada a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su tratamiento legislativo.
La propuesta introduce cambios en distintos aspectos del sistema de atención de la salud mental, especialmente en los criterios para disponer internaciones involuntarias, la intervención de profesionales, el abordaje de las adicciones y el rol de los familiares en las decisiones sobre los pacientes.
Uno de los puntos centrales es la modificación de los requisitos para las internaciones. El texto establece que las evaluaciones podrán ser realizadas por un médico, con prioridad para aquellos especializados en psiquiatría o con formación en salud mental, junto con otro profesional, cuya participación podrá corresponder a un psicólogo. Este segundo integrante tendrá intervención en la evaluación y en una eventual decisión de alta.
La discusión sobre la conformación de los equipos médicos generó diferencias durante el debate. Finalmente, se acordó incorporar expresamente a los psicólogos dentro de los equipos interdisciplinarios, luego de los planteos realizados por representantes de provincias y universidades.
Cambios en internaciones y atención de pacientes
Otro aspecto relevante es la ampliación de los criterios para intervenir ante situaciones de riesgo. Durante la defensa del proyecto, la senadora libertaria Ivanna Arrascaeta, presidenta de la comisión de Salud, cuestionó el funcionamiento de la legislación actual y sostuvo que las internaciones habían terminado siendo, en algunos casos, una respuesta ante la falta de vivienda o de acompañamiento familiar.
La iniciativa también incorpora modificaciones en el concepto de adicciones para contemplar problemáticas como la ludopatía. Además, establece diferencias específicas entre la atención de personas adultas y la de niños, niñas y adolescentes.
En este último caso, se incorporan criterios vinculados con la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchados y la confidencialidad. También se establece que una eventual internación de menores en unidades destinadas a adultos deberá responder a una imposibilidad acreditada y extenderse únicamente durante el tiempo indispensable.
En relación con los familiares, el proyecto delimita quiénes pueden intervenir en representación de los pacientes. La participación quedará habilitada para padres, hijos, representantes legales, cónyuges y convivientes. Si no existen responsables disponibles, el Estado deberá garantizar los apoyos y dispositivos comunitarios necesarios.
Nuevas modalidades de atención y financiamiento
El texto mantiene la prohibición de las instituciones monovalentes de tipo manicomial e incorpora un catálogo de alternativas para el tratamiento fuera de los hospitales. Entre ellas figuran la atención ambulatoria, los dispositivos domiciliarios, las casas de convivencia, los hospitales de día y los centros de capacitación sociolaboral.
También contempla planes de egreso con objetivos y mecanismos de seguimiento, además de directivas anticipadas para que las personas puedan expresar sus preferencias sobre tratamientos futuros y designar a quienes podrán intervenir en decisiones cuando no estén en condiciones de hacerlo.
El financiamiento fue otro de los ejes de discusión. Durante el debate, distintos legisladores cuestionaron que las modificaciones no estuvieran acompañadas inicialmente por garantías suficientes de recursos. Finalmente, se incorporó una referencia al financiamiento federal y se habilitó la posibilidad de utilizar la teleconsulta en lugares con menor disponibilidad de profesionales especializados.
Un debate con posiciones enfrentadas
La discusión parlamentaria estuvo marcada por diferencias entre el oficialismo y sectores de la oposición. Mientras Arrascaeta defendió la necesidad de actualizar una normativa que consideró desactualizada, el senador Guillermo Andrada advirtió sobre la falta de recursos para garantizar su aplicación.
También hubo cuestionamientos de Gerardo Zamora y Lucía Corpacci, quienes señalaron que cualquier reforma debía contemplar cómo se financiará la atención de la salud mental en las distintas jurisdicciones.
En el cierre del debate, Patricia Bullrich defendió la incorporación de psiquiatras y psicólogos en los equipos de atención y sostuvo que el sistema actual presenta dificultades para intervenir ante situaciones graves.
Con la aprobación en el Senado, el proyecto quedó en manos de la Cámara de Diputados. Allí deberá ser debatido y votado para definir si las modificaciones a la Ley de Salud Mental finalmente se convierten en ley.