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Política > Más tensión

Emergencia en Salud: Nación le debe a San Juan más de $110 millones

La cifra viene en aumento por la decisión macrista de no continuar financiando programas de atención médica y prevención que son vitales. Ministros de 15 provincias piden una solución urgente.

Preocupados. Los ministros que firmaron el documento aseguran que la falta de transferencias nacionales pone en peligro la prestación de los servicios de salud en las provincias.

POR Leonardo Domínguez SEGUIR
21 de septiembre de 2019

21 de septiembre de 2019

San Juan y 14 provincias más firmaron el miércoles un duro documento hacia la gestión de Mauricio Macri, denunciaron un abandono de las políticas en materia de salud y la exhortaron a declarar la emergencia sanitaria en todo el país. El fundamento local se basa en que la administración nacional se desentendió de los programas más sensibles y acumula una deuda que ya supera los $110 millones de pesos. Entre otras cosas, dejó de financiar medicamentos para trasplantados, vacunas de la meningitis, insumos para estudios de SIDA y hasta la atención médica de personas de bajos recursos.

La deuda que la Nación mantiene en programas de salud es común a muchas provincias y es el principal argumento de los gobernadores para pedir mediante sus ministros la emergencia, el refuerzo de partidas presupuestarias y la cancelación de saldos millonarios. La situación se repite en varias áreas y no hace otra que desfinanciar las cuentas locales y ponerle más tensión a la relación entre las administraciones del interior y la que encabeza Macri, que por estas horas apuesta todo a dar vuelta el revés de las PASO en las presidenciales de octubre.

Como sucede desde el año pasado con las obras viales nacionales que ha financiado la provincia, el Gobierno de Sergio Uñac no deja de hacer gestiones para que la Nación se ponga al día con los desembolsos destinados a Salud Pública. En total, la Rosada adeuda $112,5 millones que San Juan ha tenido que poner de su propio presupuesto para que los distintos programas que se aplican aquí sigan funcionando y los ciudadanos de los sectores más vulnerables no queden a la buena de Dios.

El  monto más importante corresponde a Incluir Salud, un plan que se debería financiar con fondos nacionales y que está destinado a aquellas personas afectadas por distintas patologías que no cuentan con ningún tipo de cobertura. Entre los recursos que van para diálisis, medicación ambulatoria, medicación de alto costo e internacional domiciliaria, la deuda alcanza los $64,7 millones.

Los otros $47,8 millones que la Nación dejó de transferir son para vacunas meningococo, medicación para trasplantados, leche fortificada, reactivos hepatitis, reactivos HIV, medicación materno infancia, entre otros. El atraso más voluminoso es en la partida para vacunas, que significó que la gestión uñaquista destinara $25 millones para tener stock suficiente y llegar a la población infantil.

Si contara con los $112 millones, San Juan no se toparía con sobresaltos presupuestarios para atender las necesidades de Salud y podría comprar equipamiento clave o avanzar en su plan de infraestructura sanitaria. Ese dinero, por ejemplo, alcanza para adquirir 60 ambulancias o 12 equipos digitales de rayos X o construir un microhospital de 500 a 800 metros cuadrados.

La ministra de Salud, Alejandra Venerando, y Uñac en persona siguen reclamando en las oficinas de la Secretaría de Salud de la Nación. Sin embargo, han recibido nada más que evasivas de las autoridades macristas, los incumplimientos siguen y el monto impago aumenta mes a mes.

Aunque en Casa de Gobierno siempre hablan de agotar todas las posibilidades de diálogo, no descartan ir a la Justicia. Ya lo hicieron por la deuda que Vialidad Nacional desconoce y podrían seguir el mismo camino por los más de 100 millones que nunca llegaron.

“Abandono de programas nacionales en las provincias y falta de provisión”, dice en uno de sus párrafos el documento que suscribieron los ministros de Salud esta semana. Además, denunciaron “deterioro en la cobertura de personas con discapacidad”, “falta de previsibilidad y de decisiones políticas sanitarias para determinar qué cubre el Estado nacional", y pidieron la declaración de la emergencia farmacológica.

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