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Causas por pornografía infantil: en San Juan aumentaron casi un 300%
Las cifras de la UFI Delitos Informáticos muestran un marcado crecimiento de este tipo de casos en San Juan durante 2026.
Por Giuliana Díaz
La pornografía infantil es un flagelo que genera creciente preocupación no solo en el mundo, sino también en San Juan y las estadísticas judiciales comienzan a mostrar la dimensión del problema. Durante el primer semestre de 2026, la UFI Delitos Informáticos inició 107 legajos vinculados con material de abuso sexual infantil, casi cuatro veces más que los 27 registrados en el mismo período de 2025.
De acuerdo con el informe al que accedió DIARIO HUARPE, entre enero y junio de este año hubo 80 investigaciones más que en igual período del año pasado, lo que representa un incremento cercano al 300%. El crecimiento resulta significativo dentro de las estadísticas de la unidad fiscal, que durante todo el primer semestre inició 2.037 legajos por diferentes delitos.
Este tipo de investigaciones comprende lo que judicialmente se denomina Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). Se trata de imágenes, videos u otras representaciones sexuales de menores de 18 años, ya sea mediante la exhibición de sus genitales con fines sexuales o en situaciones de abuso. Las causas pueden involucrar distintas conductas relacionadas con este contenido, como su producción, almacenamiento o distribución.
Una de las formas en las que estos hechos llegan a conocimiento de la Justicia es mediante reportes generados a partir de alertas de plataformas digitales. Estos son canalizados a través de la Red 24/7, un mecanismo que permite que la información llegue a la jurisdicción correspondiente para que pueda comenzar una investigación.
En este circuito interviene la CyberTipline del National Center for Missing & Exploited Children (Ncmec), un sistema centralizado de recepción de reportes sobre posible explotación sexual infantil en internet. Alertas originadas en servicios como Facebook o Google pueden llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, una vez determinada la jurisdicción correspondiente, ser derivadas a las fiscalías provinciales mediante la Red 24/7.
Una alerta internacional que terminó en una condena en San Juan
Un caso ocurrido este año permite entender cómo funciona este circuito. En julio de 2026, la Justicia sanjuanina condenó a un hombre de 71 años a cuatro años de prisión efectiva por distribución de material de abuso y explotación sexual infantil, agravada por la edad de las víctimas.
La investigación comenzó a partir de reportes internacionales del Ncmen que llegaron al Cuerpo de Investigaciones Judiciales de Buenos Aires. Los investigadores determinaron que el hombre había compartido por WhatsApp al menos seis archivos que involucraban a niños menores de 10 años. Tras analizar la información y establecer la vinculación con la provincia, se activó la Red 24/7 y el caso fue remitido a San Juan.
La investigación local terminó con el secuestro de dos teléfonos celulares, una notebook y anotaciones con nombres de usuarios y contraseñas. Finalmente, el hombre fue condenado y la Justicia ordenó el decomiso y la destrucción de los dispositivos secuestrados.
El grooming se multiplicó por 20
El crecimiento de las investigaciones relacionadas con menores no se limita al MASI. El grooming también mostró un fuerte salto: durante el primer semestre de 2025, la UFI contabilizó cuatro legajos, mientras que en los primeros seis meses de 2026 fueron 80. Es decir, la cantidad de investigaciones se multiplicó por 20.
La tendencia ya había generado preocupación en San Juan. En 2025, DIARIO HUARPE dio a conocer el fuerte crecimiento que estaban registrando los casos de grooming en la provincia. En aquel momento, el fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, confirmó a este medio que habían aumentado un 278%. Los nuevos datos de 2026 muestran que el fenómeno continúa: en apenas seis meses ya se contabilizaron 80 legajos.
A diferencia del MASI, el grooming se centra en el contacto con el niño, niña o adolescente. Se configura cuando una persona se comunica con un menor a través de medios digitales con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual. El agresor puede generar un vínculo de confianza, ocultar su verdadera identidad, solicitar imágenes o videos sexuales, utilizarlos para ejercer amenazas o intentar concretar un encuentro.