Falsificó un documento para la habilitación de un comercio y fue condenado

Este martes 15 de octubre, la jueza Ana Carolina Parra a cargo del caso resolvió conceder la suspensión del juicio a prueba a un profesional cuyo nombre tiene las iniciales A D, imputado por falsificación de documento público en perjuicio de la administración pública. El hecho se remonta al 4 de septiembre de 2024, cuando el oficial inspector Eduardo Gabriel Elizondo, de la División Siniestro de la Dirección Bomberos D-9, detectó irregularidades en un informe de habitabilidad presentado para un local comercial ubicado en la ciudad capital.

La investigación, que fue llevada adelante por el fiscal Alejandro Mattar y sus auxiliares María de la Paz Furlotti y Fabricio Lindner, permitió comprobar que los documentos presentados por contenían información apócrifa. Esto permitió encuadrar el hecho en el delito de falsificación de documento público, previsto en el artículo 293 del Código Penal.

Como resultado del juicio abreviado, la jueza decidió otorgar la suspensión del juicio a prueba por un año, lo que le permitirá evitar una condena si cumple con una serie de condiciones. Entre ellas, deberá realizar un pago simbólico de $1.000.000 al Estado Provincial, distribuidos en tres cuotas con vencimientos entre noviembre de 2024 y enero de 2025, así como la entrega de bolsones de pañales a la institución Casa Cuna. Asimismo, el condenado deberá cumplir con ciertas reglas de conducta, como informar cualquier cambio de domicilio y abstenerse del consumo de estupefacientes y alcohol en exceso durante el plazo de un año.

En caso de no cumplir con estas condiciones, el acuerdo podría ser revocado, lo que reactivaría el juicio. Mientras tanto, el imputado se mantendrá en libertad bajo las medidas alternativas impuestas por la Justicia.