Financiamiento universitario: aceptaron la apelación oficial

El Gobierno nacional consiguió que la Justicia concediera su apelación contra el fallo que ordenó avanzar con la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada por el juez federal Martín Cormick, quien elevó la discusión a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, aunque dispuso que continúe el trámite para exigir el cumplimiento de la medida cautelar vigente.

De esta manera, será el tribunal de alzada el que deberá resolver si confirma o revoca la resolución de primera instancia. Mientras tanto, la cautelar mantiene las obligaciones vinculadas con las partidas para el funcionamiento de las universidades nacionales, la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

La presentación del Ejecutivo había sido impulsada por el Ministerio de Capital Humano, que cuestionó el fallo judicial por considerar que genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” y compromete el equilibrio de las cuentas públicas.

En su planteo, el Gobierno sostuvo que la aplicación de la normativa tendría un impacto presupuestario significativo y cuestionó que no se haya establecido una fuente de financiamiento específica y suficiente para afrontar los gastos que demanda.

Según argumentaron las autoridades nacionales, la implementación de la ley dependería de reasignaciones presupuestarias que podrían alcanzar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional. Por ese motivo, reclamaron que se analice el régimen de financiamiento público en su conjunto antes de exigir la ejecución de las obligaciones establecidas.

El Ejecutivo también planteó que las normas que regulan la administración financiera y la autorización del gasto deben interpretarse de manera conjunta. En esa línea, señaló que la Ley 24.629 debe analizarse en relación con las leyes 24.156 y 27.798, que establecen disposiciones sobre la administración y ejecución de los recursos públicos.

La discusión judicial se centra en la obligación del Estado de aplicar el financiamiento universitario y en los mecanismos presupuestarios necesarios para hacerlo efectivo. Con la apelación concedida, la Cámara deberá revisar los argumentos presentados por el Gobierno y los fundamentos del fallo cuestionado.

Sin embargo, la decisión de habilitar esa revisión no elimina el trámite de ejecución de la cautelar. Cormick dispuso expresamente que continúe el procedimiento para exigir su cumplimiento, por lo que la discusión sobre el financiamiento universitario seguirá abierta en la Justicia mientras se resuelve la apelación.