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Fue estafada por su sobrina y ahora deberá pagarle más de $11.000.000
Un tribunal homologó la restitución del dinero defraudado tras la gestión ilícita de créditos y tarjetas a un familiar.
POR REDACCIÓN
Un proceso penal por estafas reiteradas dentro del ámbito familiar derivó en un compromiso de resarcimiento económico para evitar el avance de la causa. El conflicto judicial se resolvió mediante la homologación de un acuerdo de reparación integral dictado por el juez Sergio Fabio López Marti, en el expediente caratulado "C/ Andrade, Débora del Valle y otro s/ estafa en perjuicio de Salinas, Graciela del Carmen".
El origen de la causa se remonta a fines de julio de 2024, cuando la acusada solicitó auxilio a su tía para destrabar el acceso a la plataforma digital Tarjeta Naranja X. Para completar el trámite, ingresó a la cuenta desde el dispositivo móvil de la víctima bajo la promesa de desinstalar la herramienta de forma inmediata.
A finales de septiembre de 2024, la damnificada detectó la maniobra al recibir notificaciones por deudas e instrumentos financieros no solicitados. Las indagaciones confirmaron la gestión irregular de fondos y créditos ante firmas como Creditech S.A., SFN S.R.L., Compañía Financiera Argentina S.A., Bazar Avenida S.A., Cuotitas Ya S.A. y Naranja X. Los montos obtenidos terminaron depositados en cuentas del entorno familiar de la acusada y de su pareja, el otro imputado en la causa.
Entre los hechos probados figura un desplazamiento mediante engaños hacia la concesionaria Tello Motos. En ese establecimiento tramitaron a nombre de la afectada un préstamo de $1.480.000 para adquirir un ciclomotor que quedó registrado a nombre de la acusada. Además, modificaron la dirección de correo electrónico vinculada a la cuenta digital por una perteneciente al coimputado para tramitar una tarjeta adicional.
La investigación reunió informes de las entidades crediticias e intimó a la pareja bajo los términos del artículo 338 de la Ley 1851-O. Durante el desarrollo de la audiencia, los fiscales Atilio Sebastián Yanardi y Silvina Putelli, pertenecientes a la UFI Delitos Informáticos y Estafas, presentaron el caso y solicitaron la aprobación del pacto acordado.
La solicitud fiscal fue ratificada por el querellante Agustín Gallastegui Fabregas, en conjunto con Joaquín Moine Galdeano. Por su parte, la defensa técnica ejercida por Leonardo Martín Slavutzky Preisz y Germán Gabriel Riveros Muscarello prestó conformidad, postura compartida en forma explícita por ambos procesados. TRas un receso, la fiscalía requirió formalmente "que el monto correspondiente a la reparación fuera depositado ante la Oficina de Medidas Alternativas", modalidad aceptada por las partes.
La resolución judicial validó el convenio en calidad de coautores por el delito tipificado en el artículo 172 del Código Penal. La medida establece el pago solidario de $11.550.078,72 en favor de la víctima, estructurado en 24 cuotas mensuales de $481.253,28 a partir de septiembre de 2026. La extinción de la acción penal quedará condicionada al cumplimiento total del plan de pagos.