Funcionario cobró $110 millones y volvió a trabajar para el Estado al día siguiente

El contador Daniel Alfredo Neira, ex subdirector del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), percibió una indemnización estatal de $109.781.999,73 tras rescindirse su contrato, para asumir apenas 24 horas después como gerente en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La maniobra genera fuertes sospechas de un fraude coordinado que contradice el discurso de austeridad de la gestión gubernamental.

La rotación de Neira dentro del aparato estatal reveló una llamativa planificación previa a su desvinculación:

El 1 de julio de 2026: Se iniciaron formalmente los trámites para su designación en el INTA, 23 días antes de que se le notificara su despido en el ENACOM. El 24 de julio: Recibió la notificación oficial de la rescisión de su contrato. El 28 de julio: Quedó habilitado para cobrar la suma millonaria en concepto de indemnización. El 31 de julio: Se concretó su baja formal. Finalmente, el 1 de agosto: Asumió formalmente la gerencia en el INTA, bajo el ala de la Secretaría de Agricultura.

Fuentes del sector denunciaron que Neira simuló su despido en lugar de solicitar un traslado o presentar la renuncia —mecanismos correspondientes al cambiar de repartición pública— para asegurar el cobro de la suma millonaria.

Trayectoria y escala salarial

Neira ingresó en enero de 2012 a la antigua Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), entidad que derivó en la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y posteriormente en el ENACOM.

Dentro del organismo desarrolló una carrera técnica ascendente: en 2017 fue nombrado subgerente del Área de Contabilidad, Presupuesto y Liquidaciones, y en 2025 ascendió a subdirector de Contabilidad y Finanzas.

Este último puesto, de categoría A, representa la máxima jerarquía del escalafón técnico y cuenta con los sueldos más altos de la planta permanente, lo que derivó en la abultada cifra indemnizatoria.

La maniobra infringe el criterio establecido por la Procuración del Tesoro de la Nación, que considera al Estado como un único empleador en sentido amplio o "bloque estatal", por lo cual Neira fue indemnizado por la misma patronal que lo recontrató de inmediato.

El especialista en derecho administrativo, Carlos Fernández, advirtió que la situación constituye una irregularidad susceptible de investigación judicial:

"La jurisprudencia civil y administrativa determina que no se puede percibir del Estado una compensación por la 'pérdida del empleo' y simultáneamente continuar recibiendo ingresos del Estado bajo otra designación política o de conducción. El funcionario se expone a demandas por repetición de pago, que implicarían la devolución del dinero por parte del fisco", explicó el letrado.

Repercusiones internas

El caso causó indignación en los pasillos del ENACOM, donde el sueldo promedio ronda el millón cuatrocientos mil pesos. La indemnización en mano entregada a Neira equivale al ingreso mensual de casi 80 trabajadores del organismo, lo que encendió fuertes críticas hacia las autoridades por la contradicción entre las políticas de recorte presupuestario y la convalidación de salidas inventadas con millonarios costos para el erario público.