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Granja Tres Arroyos pidió concurso tras una crisis financiera profunda
La principal empresa avícola del país inició un concurso preventivo tras más de un año de crisis, deudas y conflictos laborales.
POR REDACCIÓN
Granja Tres Arroyos, considerada la mayor empresa avícola del país, se presentó formalmente en concurso preventivo de acreedores luego de más de un año de crisis financiera. El proceso tramita ante el Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, de la Justicia Nacional en lo Comercial.
La compañía llegó a esta instancia después de meses de negociaciones con acreedores que no lograron encontrar una salida para la situación del grupo. La presentación judicial lleva la crisis al corazón del holding construido durante décadas por la familia De Grazia.
Una empresa de gran peso
Granja Tres Arroyos emplea actualmente a unas 6.500 personas y durante su etapa de mayor expansión llegó a operar ocho plantas de faena en Argentina y Uruguay. El grupo llegó a concentrar más del 20% de la producción avícola nacional y destinaba alrededor del 35% de su volumen a los mercados externos.
La empresa enfrenta además una fuerte presión sobre su caja, con más de 5.700 cheques rechazados por un monto superior a los $91.800 millones. A esto se suma una deuda bancaria de más de $32.600 millones y ocho pedidos de quiebra presentados contra la sociedad.
Un año de crisis
La llegada a la Justicia se produjo después de un proceso de ajuste industrial y reducción de costos que incluyó retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, reducción temporal de salarios y concentración de la producción. Durante 2026 también se profundizó la reducción de la estructura del grupo.
Según los relevamientos realizados durante el conflicto laboral, entre Buenos Aires y Entre Ríos fueron desvinculados unos 1.730 trabajadores. Esa cifra representa más de una cuarta parte de la dotación total, que rondaba las 6.500 personas.
Antes de llegar al concurso, el grupo había intentado avanzar con una reestructuración de deuda por u$s350,9 millones. La propuesta incluía quitas de hasta el 75%, plazos de pago de hasta siete años, nuevos inversores y venta de activos considerados no estratégicos, pero las negociaciones no lograron avanzar.