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Judiciales > Caucete

Impugnan la condena del cirujano que cobró una operación en un hospital público

La Justicia tiene 30 días para resolver si confirma o modifica el fallo contra el profesional Santiago Furlotti.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Un comprobante de transferencia bancaria fue clave durante el debate.

La justicia de San Juan inició este miércoles la revisión del fallo que involucra al médico cirujano Santiago Furlotti Barassi. Durante la audiencia presidida por la jueza Ana Larrea, se analizó la impugnación de la sentencia que lo condenó por incumplimiento de los deberes de funcionario público pero lo absolvió por el delito de estafa. La fiscalía cuestionó duramente esta resolución previa al calificarla de "arbitraria" e "irrazonable" por dejar fuera uno de los puntos centrales de la acusación original.

El proceso se centra en el presunto cobro de $250.000 a un paciente para una cirugía en el Hospital César Aguilar de Caucete, una intervención que debía ser gratuita dentro del sistema de salud estatal.

En el debate se presentaron pruebas como conversaciones y un comprobante de transferencia bancaria hacia una billetera virtual registrada a nombre del profesional. Varios trabajadores del nosocomio declararon que el establecimiento contaba con los insumos necesarios y que las prestaciones médicas no debían cobrarse a los pacientes bajo ninguna circunstancia.

La defensa, integrada por Francisco Furlotti y Mario Morán, busca sostener la decisión del tribunal mientras que la querella, representada por Josela Echegaray y Fernando Echegaray Moya, acompaña el pedido de revisión.

El fiscal Schiattino sostiene que la sentencia debe ser revisada por considerar que presenta errores y fundamentos que no resultan razonables. La investigación surgió tras la atención de Axel Fabián Marinero por una rotura de tendón, quien falleció días después por un paro cardíaco, aunque el cirujano fue desvinculado de esa muerte.

A partir de ahora, los magistrados cuentan con un plazo de 30 días para definir si confirman, modifican o revocan la pena de prisión en suspenso y los 2 meses de inhabilitación impuestos. Además, se decidió investigar la responsabilidad de Diana Martínez, directora del hospital de Caucete, debido a su ausencia como testigo durante las audiencias anteriores.

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