Judiciales > Escándalo con un gremio docente
Estafa con casas del Barrio UDA II: imputarán a dos cooperativistas
Los dirigentes de la cooperativa La Fraternidad Sanjuanina quedaron en la mira de la Justicia y serán imputados por estafa con carpetas del IPV para la entrega de casas en el barrio UDA II.
Por Germán González
La Justicia de San Juan imputará a dos integrantes de la cooperativa de vivienda, crédito y consumo La Fraternidad Sanjuanina, por una presunta estafa con carpetas del IPV para la entrega de casas en el barrio UDA II. Se trata de Segundo Salazar y Miguel Aciar, expresidente y actual presidente de la cooperativa que, en conjunto con el gremio Unión Docentes Argentinos (UDA), llevaron a cabo el proyecto habitacional que terminó con la entrega de 83 viviendas en el departamento Rawson. La presunta ilegalidad estuvo en ofrecer más carpetas que las que había por resolución del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Si bien fueron 57 familias las estafadas, solo 36 hicieron la denuncia, que derivará en la audiencia de formalización de este lunes 14 de abril.
El conflicto viene desde noviembre de 2022, cuando el IPV entregó las casas del Barrio UDA II, situado en inmediaciones de calles Progreso y General Acha, en Rawson. Más de 50 familias se congregaron en la entrega para reclamar porque habían pagado la carpeta del IPV, pero no habían sido beneficiadas. Ante este panorama, los referentes de la cooperativa y del sindicato docente estuvieron en foco de las acusaciones.
Sin respuestas, un grupo de damnificados radicó la denuncia en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, en agosto de 2024. El fiscal Nicolás Alvo tomó la posta de la investigación y después de nueve meses formalizará la imputación con quien fue presidente de la cooperativa hasta 2014 y con quien siguió después la conducción.
Según comentaron fuentes judiciales a DIARIO HUARPE, la cooperativa La Fraternidad Sanjuanina era dueña del lote donde se construyeron las casas, mientras que el sindicato UDA se encargó de gestionar el proyecto habitacional ante el IPV. Desde el 2006 hasta el 2022 se vendieron las carpetas para edificación de las viviendas, pero según las sospechas, a pesar de que el Instituto Provincial de la Vivienda había dictado por resolución que se iban a construir 83 casas, los referentes de la cooperativa ofrecieron 140 carpetas, cayendo en la venta ilegal.
El gremio docente solo se encargaba de pasar el listado de beneficiados al IPV y no estaba al tanto de las irregularidades cometidas por la cooperativa en principio. Según comentó Adriana Alvarado, una de las 36 denunciantes, a este medio, llegaron a pagar por cada carpeta un valor estimado al día de hoy de 20 millones de dólares.
La audiencia de formalización será este lunes 14 de abril, a partir de las 10, en la Sala 3. El juez que presidirá la audiencia será Eugenio Barbera.