Judiciales > Presunto peculado
Imputaron a un de Calingasta inspector de por desviar $100.000 de una tasa municipal
El empleado fue imputado por defraudación contra la administración pública. La causa comenzó con una denuncia del intendente y un allanamiento en la Municipalidad.
Un inspector municipal de Calingasta fue imputado por presuntamente quedarse con dinero de contribuyentes mediante el cobro irregular de tasas. La investigación detectó inicialmente un perjuicio de $100.000 y ahora la Fiscalía busca determinar si hubo más afectados por la maniobra.
La formalización se concretó este lunes 19 de octubre, cuando el fiscal Iván Grassi le atribuyó al empleado, de apellido Herrera, el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. La Fiscalía solicitó seis meses para investigar y pidió que el municipio le asigne funciones alejadas del área de Rentas mientras avance la causa.
Según explicó Grassi, el inspector habría aprovechado sus tareas de fiscalización y cobro para registrar operaciones por la utilización de espacios públicos, recibir el dinero mediante transferencias a su cuenta personal y luego anular los trámites en el sistema municipal. De esa manera, los pagos no ingresaban a las arcas de la comuna.
El caso comenzó con una denuncia del intendente
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, y sus asesores. El caso salió a la luz por una operación vinculada con el alquiler de un espacio público para instalar un puesto de venta.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, un contribuyente habría transferido $100.000 a la cuenta personal del inspector por el uso del espacio durante tres días. El hombre contaba con un comprobante municipal que indicaba que el trámite estaba pagado, pero al intentar ocupar el lugar descubrió que no figuraba registrado a su nombre.
El reclamo permitió advertir que la operación aparecía anulada en el sistema informático, pese a que el dinero había sido transferido. A partir de esa situación, se puso en marcha una revisión de los registros municipales.
Allanaron la Municipalidad y secuestraron documentación
El 7 y 8 de octubre, la UFI Delitos Especiales realizó un allanamiento en dependencias de la Municipalidad de Calingasta. El procedimiento estuvo encabezado por Grassi, junto con los ayudantes fiscales Pablo Orellano y Victoria Martín, y permitió secuestrar documentación oficial vinculada con los cobros investigados. Además, se realizaron entrevistas para reconstruir cómo se habría desarrollado la maniobra.
Con la formalización concretada, la Fiscalía tendrá seis meses para profundizar las medidas de prueba y establecer si existieron otras operaciones similares. Herrera continuará en libertad mientras se desarrolla la investigación.
Grassi aclaró que la Fiscalía no puede solicitar la exoneración del empleado, ya que esa decisión corresponde al municipio. Sin embargo, pidió que sea apartado de las tareas vinculadas con Rentas, debido a que de esa área podrían surgir testigos y documentación relevante para esclarecer los hechos.