Indignación en los colectivos sociales ante la eventual pérdida del Nomenclador de DiscapacidadTensión por cambios en el Nomenclador Único de Discapacidad

Organizaciones, familias y profesionales de la salud agrupados en el colectivo por los derechos de las personas con discapacidad rechazaron de forma unánime las reformas incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo.

El punto central del reclamo apunta contra la desregulación del Nomenclador Único, un sistema con tres décadas de vigencia que garantiza aranceles iguales para todas las prestaciones del Sistema de Prestaciones Básicas para la Habilitación y Rehabilitación.

Según advierten, la medida provocará que obras sociales y empresas de medicina prepaga impongan montos discrecionales por las terapias, destruyendo el valor de referencia y generando una asimetría crítica en la negociación entre prestadores y financiadoras.

La propuesta oficial modifica estructuralmente el esquema actual y suma tensiones políticas en pleno debate por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Las repercusiones de los cambios proyectados en la iniciativa oficial afectan diversos ámbitos del sector.

Financiamiento de tratamientos: Al eliminar la lista de precios de referencia, cada financiador determinará los valores a abonar, complicando la continuidad de terapias, apoyos individuales e inclusión escolar.

Precarización laboral y sostén de instituciones: Desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión y prestadores profesionales alertan que los aranceles fijados unilateralmente tornarán inviable el sostenimiento de centros de atención y servicios.

Modificaciones en las Pensiones No Contributivas: El Foro Permanente Discapacidad advirtió que el proyecto restablece el criterio de "invalidez laboral" y elimina la compatibilidad de la pensión con el empleo formal registrado que había consagrado la Ley 27.793, impactando especialmente en niños, adolescentes y jóvenes.

Este intento por desarmar el Nomenclador Único reincide sobre una iniciativa previa impulsada por la gestión de Javier Milei en mayo de 2024 a través de un borrador de decreto. Calificados por referentes y especialistas —como la psicopedagoga Julia Domínguez y la actriz Valentina Bassi— como cambios "regresivos y patologizantes", los apartados del proyecto generaron malestar parlamentario generalizado.

El diputado nacional opositor Pablo Yedlin catalogó la medida como "un escándalo que genera una enorme inequidad", mientras que la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, admitió su sorpresa ante las modificaciones incluidas en la ley de leyes, reconociendo que la propuesta no fue debatida ni anticipada en la mesa política del oficialismo.

Hostigamiento sin límites

No es la primera vez que la gestión de Javier Milei intenta desarmar el sistema regido por el Nomenclador Único. En mayo de 2024 circulaba el borrador de un proyecto de decreto que lo desregulaba, rompiendo con un sistema que permite mantener los mismos aranceles por prestación para todos los financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas para la Habilitación y Rehabilitación.

El nuevo intento va en el mismo sentido. “Si nosotras nos vemos obligadas a negociar de manera individual, entre partes, con gerenciadores, con obras sociales, con prepagas, esto nos va a poner en una situación totalmente asimétrica, desigual. Y va a hacer que sea cada vez más difícil poder brindar las prestaciones porque cada uno va a estipular cuáles son los honorarios, los valores que quiere pagar”, alertó Julia Domínguez, psicopedagoga y miembro de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión. “Lo que buscan hacer es legitimar un ajuste que se hace a través de este Presupuesto, que de la manera que se presenta lo que hace es impedir que se respete la Ley de Emergencia en discapacidad, por la cual seguimos luchando”, planteó. Definió los cambios como “regresivos y patologizantes”.

Otra discusión sobre la que vuelve el Presupuesto tiene que ver con las pensiones. El proyecto “vuelve a poner en el centro el criterio de la ‘invalidez laboral’ y elimina la compatibilidad entre la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y el trabajo formal que había establecido la Ley 27.793. Esto plantea una preocupación especialmente grave para niños, niñas y adolescentes con discapacidad”, advirtió el Foro Permanente Discapacidad.

En cuanto a la implicancia de desregular el Nomenclador, alertó: “Elimina la garantía de aranceles iguales para todos los financiadores. ¿El resultado? Una misma prestación podría tener distintos valores según quién tenga la obligación de financiarla”.

Desde la Asamblea de Trabajadores de Inclusión platearon que la iniciativa oficialista implica para las personas con discapacidad y sus familias “precarización directa de la calidad de vida, pérdida del acceso a apoyos indispensables, vulneración de la autonomía laboral registrada y riesgo en la continuidad de tratamientos e inclusión escolar”.

Para prestadores y profesionales, en tanto, “agrava el quiebre económico del sector al destruir el valor de referencia de las prestaciones y permitir que las financiadoras impongan montos discrecionales, tornando inviable sostener los servicios e instituciones”.