Invisibilidad, despojo territorial e injusticia judicial: los 7 factores de la pobreza indígena

El hambre y la privación que sufren las comunidades originarias no son fruto de la casualidad. Un reciente estudio elaborado por expertos indígenas y no indígenas confirmó que la pobreza de los pueblos indígenas es de carácter estructural.

El informe denominado 'White/Te Oranga Paper sobre los Pueblos Indígenas: Superando la transformación rural no inclusiva', fue presentado hace unos días en Roma por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Global-Hub sobre los Sistemas Alimentarios y de Conocimiento de los Pueblos Indígenas.

Sus datos revelan que, aunque representan el 6 % de la población mundial, constituyen casi el 19 % de las personas que sobreviven en extrema pobreza.

Los siete factores y la 'cristalización' del despojo

El reporte precisa que la exclusión responde a siete factores estructurales interconectados:

1. La invisibilidad forzada.
2. La invisibilidad estadística.
3. El despojo de tierras y territorios.
4. La negación de los derechos colectivos y de la gobernanza consuetudinaria.
5. La marginación de sus sistemas alimentarios y de conocimiento.
6. Las injusticias ecológicas y de la transición energética.
7. La injusticia judicial.

Además, introduce el concepto de 'cristalización', que explica cómo la discriminación previa a los Estados modernos quedó fijada en sus instituciones y leyes al no ser abordada adecuadamente.

El concepto Te Oranga: derechos sobre dinero

Frente a los enfoques monetarios tradicionales, la investigación adopta el concepto maorí 'Te Oranga' —salud, bienestar y florecimiento ligados a la tierra y la comunidad— para poner los derechos en el centro.

Carol Zavaleta-Cortijo, investigadora quechua de Perú (Universidad Peruana Cayetano Heredia) y coautora, destaca: “Te Oranga es importante porque no habla del dinero como la salida de la pobreza. Habla de derechos. No habla de vulnerabilidad. Habla de adaptación constante, resiliencia y determinación”.

Asimismo, Yon Fernandez-de-Larrinoa, jefe de la Unidad de Pueblos Indígenas de la FAO y autor principal, asevera: “Para tener políticas públicas eficaces que apoyen a los pueblos indígenas y los saquen de la pobreza, es fundamental comprender primero cuáles son sus nociones de bienestar”.

Invisibilidad estadística y los riesgos climáticos

El informe advierte que 476 millones de indígenas viven en más de 90 países (según la OIT con datos de solo 58 países), pero la falta de datos oculta su dimensión real; en Perú, incorporar la autoidentificación en el censo aumentó el registro un 2.826 % entre 1993 y 2025.

Alerta además que la transición energética y la conservación pueden ser nuevas causas de despojo sin el consentimiento previo de los pueblos.

Para solucionarlo, insta a asegurar la tenencia de tierras, darles el control de fondos públicos y adaptar con enfoque intercultural la salud y la educación.

Voluntad política y reclamos históricos

Dado que más del 80 % de los pueblos indígenas habita en países de ingresos medios, el estudio enfatiza que el obstáculo principal para erradicar la pobreza no radica en la escasez de recursos económicos, sino en la persistente falta de voluntad política estatal.

Las recomendaciones presentadas por los investigadores consolidan reclamos históricos que las organizaciones originarias han sostenido durante décadas. Esto demuestra fehacientemente que el problema central no es la falta de soluciones válidas, sino la omisión sistemática en su aplicación e implementación concreta.

Casos de éxito y el camino hacia la justicia

En los países donde los gobiernos han mostrado apertura política y han implementado reformas, los cambios han sido concretos y positivos: en Indonesia, una sentencia del Tribunal Constitucional devolvió en 2012 los bosques consuetudinarios a los pueblos indígenas; en Bolivia, los 'planes de vida' se integraron al presupuesto estatal; en Colombia, se formalizaron ocho Entidades Territoriales Indígenas en la Amazonía en diciembre de 2025; en Paraguay, se aprobó el Plan Nacional 2020-2030 y una ley de salud intercultural; y en Canadá, más de 2.000 proyectos de energía limpia son hoy liderados por comunidades originarias.

Elaborado por el Global-Hub —centro con 40 instituciones miembros y cuatro redes internacionales que sitúa el saber indígena en pie de igualdad con el académico—, este informe se publica ante el 20 aniversario de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, demostrando que respetar su autonomía y gobernanza es indispensable para alcanzar la verdadera justicia social.