La acordada de la Corte Suprema que puede ayudar a Tigre Acosta y Alfredo Astiz

La Corte Suprema de Justicia de la Nación firmó la Acordada 21, mediante la cual ordena la elaboración de un protocolo médico unificado sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y su posible tratamiento dentro de los establecimientos carcelarios. La medida, rubricada este viernes por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, encendió las alertas entre los organismos de derechos humanos al advertir que la resolución abre una nueva puerta para favorecer la concesión de prisiones domiciliarias a represores condenados por crímenes de lesa humanidad que aún continúan tras las rejas.

Protocolo médico

De acuerdo con lo dispuesto por el máximo tribunal, el Cuerpo Médico Forense (CMF) tendrá un plazo de 30 días corridos para confeccionar el protocolo destinado a sistematizar los criterios de evaluación médica, psicológica y social que exige la ley para otorgar el arresto domiciliario. Una vez finalizado, el documento será distribuido entre los jueces penales, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

La acordada fundamenta la decisión en principios constitucionales y convencionales —como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores—, señalando que se debe evitar el encarnizamiento en las condiciones de detención y destacando que "lo que está en juego es un principio elemental de humanidad". Si bien desde la Corte atribuyen la iniciativa a Rosatti y niegan un direccionamiento, juristas y referentes sociales advierten un paralelismo con antecedentes como el frustrado fallo del 2x1.

Radiografía de los detenidos

Actualmente, el universo de represores alojados en cárceles es reducido: menos del 15% (alrededor de 80 personas) permanece en prisión, incluyendo a emblemáticas figuras del terrorismo de Estado como Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta y Christian Federico von Wernich. El grueso de los condenados —más del 85%, es decir, unos 440 genocidas— ya cumple condena bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La gran mayoría de los detenidos en establecimientos penitenciarios se concentra en la Unidad 34 de Campo de Mayo, un penal que quedó bajo la órbita del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich. Mientras las defensas y los propios informes penitenciarios suelen alegar la falta de infraestructura adecuada para adultos mayores con patologías complejas, un relevamiento previo realizado por la ex Secretaría de Derechos Humanos había constatado que dicha unidad contaba con comodidades específicas para la tercera edad, como habitaciones amplias, aire acondicionado, espacios de caminata y áreas recreativas. Ante este escenario, los organismos anticipan un riguroso seguimiento de los futuros peritajes médicos.

En los tribunales de Comodoro Py, consideran que la acordada es un nuevo intento por favorecer a los presos por crímenes de lesa humanidad. Esos mismos magistrados inscriben la acordada dentro de una línea de continuidad que arranca con el fallo del 2x1 –firmado en mayo de 2017– y el fallo Carlos “Indio” Castillo sobre la extensión de las prisiones preventivas –firmado en octubre del año pasado–. Ninguna de las dos resoluciones sirvió para que los represores salieran de las cárceles porque básicamente los tribunales inferiores hicieron caso omiso a lo que habían dicho Rosatti, Rosenkrantz y quienes conformaron mayoría con ambos en cada una de las sentencias. Lorenzetti no acompañó en ninguno de esos dos casos.

Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) pasó a depender del Ministerio de Seguridad. Patricia Bullrich decidió concentrar a la gran mayoría de detenidos por crímenes contra la humanidad en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

Según las estadísticas del SPF, en este momento, hay 58 reclusos en la U34. La Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) informó que hay otros 18 represores presos en otras unidades carcelarias. Se trata de un universo muy reducido. Según las estadísticas de ese organismo, hay 440 detenidos en arresto domiciliario. En otras palabras, más del 85 por ciento de los represores están en sus casas; menos del 15 por ciento, en la cárcel.

En reiteradas ocasiones, el SPF informa que no cuenta con las condiciones necesarias para alojar a los represores por las dolencias que suelen tener las personas mayores. Uno de los casos en los que se registró una respuesta de tal tenor fue el de Juan Daniel Amelong, el represor a quien Victoria Villarruel presentó como una víctima del proceso de justicia en el debate que sostuvo con Agustín Rossi antes de las elecciones de 2023.

En 2022, la entonces Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) realizó una inspección en la U34 y la Unidad 31 de Ezeiza, donde se concentraba la población carcelaria por crímenes de lesa humanidad. En el informe se mostraba que la U34 contaba con las comodidades necesarias para adultos mayores: baños adecuados, habitaciones amplias con televisores y aire acondicionado, espacios para caminata, gimnasio e incluso canchas de tenis.

Adriana Taboada, que por entonces integraba el cuerpo de peritos de la SDH y en la actualidad interviene por otras querellas, sostiene que se debería actualizar el informe sobre las condiciones de detención que se había hecho durante la gestión del Frente de Todos. “Veamos si este gobierno reivindicador del genocidio sostuvo o no las condiciones de una unidad donde se garantizaba la salud integral”, dice.

“Respecto de los condenados por crímenes de lesa humanidad, la justicia se preocupa por las domiciliarias –en las que están casi todos los condenados–, pero hasta aquí no se dio una política ni iniciativas para que esos condenados dejen de cometer delitos: la desaparición forzada es delito permanente hasta que se esclarezca la verdad, sin olvidar a los niños apropiados”, concluye Taboada.

Fuente: Luciana Bertoia/Página12.