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La Corte avaló un protocolo clave para presos por lesa humanidad y terrorismo de Estado
Con firmas de Rosatti y Rosenkrantz, la Corte oficializó el protocolo médico para domiciliarias en medio de fuertes críticas.
POR REDACCIÓN
La Corte Suprema aprobó un polémico protocolo para prisiones domiciliarias sin la firma de Lorenzetti y en medio de fuertes cruces por los represores
La resolución 2867/2026 unifica los criterios médicos para evaluar el alojamiento de internos. Organismos de derechos humanos advierten que se trata de una maniobra que facilita la salida de cárceles comunes de condenados por delitos de lesa humanidad.
La Corte Suprema de Justicia aprobó el protocolo que unifica los criterios médicos para el otorgamiento de prisiones domiciliarias, una medida que divide aguas dentro del máximo tribunal y despierta fuertes tensiones políticas y judiciales por su impacto directo en los condenados por crímenes de lesa humanidad.
La resolución 2867/2026, que oficializa el “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”, fue firmada este jueves únicamente por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Según explicaron desde su vocalía, Ricardo Lorenzetti devolvió el proyecto sin su rúbrica.
La iniciativa había generado expectativa en sectores militares, donde consideran que podría abrir una puerta para que los represores que aún permanecen en cárceles comunes —entre ellos figuras emblemáticas del terrorismo de Estado como Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta o Christian von Wernich— accedan al beneficio domiciliario. En contrapartida, la Red Nacional de H.I.J.O.S. había advertido previamente que la medida constituye una “estrategia pro-impunidad” bajo la apariencia de un instrumento médico.
El trasfondo político y el momento elegido
El texto fue redactado por el Cuerpo Médico Forense (CMF) tras una orden emitida por la Corte el pasado 21 de agosto mediante la acordada 21/2026. Aunque el documento llevaba más de un mes listo en el Palacio de Talcahuano, su aprobación se concretó esta semana, en coincidencia con la visita del papa León XIV al país y un día después de que el pontífice recorriera el penal de Devoto (donde la Justicia rechazó trasladar a von Wernich y también frustró el pedido del Servicio Penitenciario Federal para llevar al represor Miguel Pérez a la misa papal en Córdoba).
Hasta el cierre de la jornada, el máximo tribunal no había difundido la resolución en su sitio web oficial ni en sus canales institucionales, aunque el texto ya comenzó a girarse a las cámaras federales con competencia penal, a la dirección de ejecución penal y a los ministerios de Seguridad y Defensa.
Cómo funciona el nuevo protocolo médico
El documento elaborado por el CMF se presenta como una guía metodológica para los jueces que deben resolver pedidos de detención domiciliaria por razones de salud. En su texto aclara que “no establece causales de procedencia ni de denegación”, ya que la decisión final sigue siendo facultativa de cada magistrado, mientras que el informe pericial aporta el sustento sanitario.
No obstante, uno de los puntos centrales que incorpora el protocolo es el peso otorgado a la información del Servicio Penitenciario Federal (SPF) —dependiente de la ministra Alejandra Monteoliva— respecto de su capacidad real para atender patologías complejas.
El texto señala que “la sola existencia nominal de un recurso no acredita su accesibilidad”, en referencia a discusiones previas como la disponibilidad real de ambulancias las 24 horas en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
El SPF deberá informar las condiciones de cada unidad mediante una declaración que será contrastada con relevamientos de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), la comisión de cárceles y los hábeas corpus colectivos vigentes.
El protocolo tendrá una primera actualización dentro de seis meses y luego será revisado al cumplirse un año.
El mapa actual de los detenidos por lesa humanidad
En los últimos meses, el debate por las condiciones de detención cobró impulso tras la reunión que referentes de la asociación Justicia y Concordia —encabezados por Cecilia Pando— mantuvieron en el Ministerio de Justicia con el viceministro Santiago Viola.
A su vez, el SPF había manifestado en diversos expedientes dificultades para alojar a adultos mayores condenados por delitos de lesa humanidad, como ocurrió en el caso de Juan Daniel Amelong.
Según las estadísticas oficiales publicadas por la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) el 14 de septiembre pasado, el universo de condenados se distribuye de la siguiente manera:
1.254 personas cuentan con condenas vinculadas al terrorismo de Estado.
436 detenidos cumplen sus penas bajo la modalidad de arresto domiciliario.
73 represores permanecen alojados en unidades penitenciarias comunes (de los cuales 58 se encuentran en la Unidad 34 de Campo de Mayo).
De este modo, el alcance práctico inmediato del nuevo protocolo en materia de lesa humanidad se circunscribe a esos 73 internos que hasta ahora no obtuvieron autorización judicial para abandonar las unidades penitenciarias.