La Iglesia de Jáchal se opone al proyecto minero en Huachi

En Jáchal se viven días de expectativa, tras publicarse en el Boletín Oficial, el pasado 14 de agosto de 2026, un edicto que habilita la consulta pública ambiental para la etapa de exploración del proyecto minero "Nuevo Panacán". La iniciativa, tramitada bajo el expediente N.º 1100-000293-2026 a solicitud de Julián Santiago Maidana, abarca una superficie de 60.785 hectáreas en una zona importante para la provisión de agua dulce. Frente a esta situación, la Iglesia Católica local, liderada por el presbítero Gustavo Vaca, y un grupo de vecinos reaccionaron de forma coordinada en defensa de lo que llamaron su "soberanía hídrica".

Este fin de semana, el Presbítero Gustavo Vaca, administrador parroquial del Santuario San José y de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, hizo público un comunicado oficial que alcanzó repercusión institucional: "Huachi no es un yacimiento minero. Es la vida de Jáchal". El religioso advirtió sobre el "peligro irreversible" que el proyecto representa para la población. A la par de este descargo de la Iglesia, DIARIO HUARPE tuvo acceso al documento legal que el jueves 27 de agosto Faustino José Esquivel, vecino de Jáchal y miembro de la Asamblea Jáchal No se Toca, presentó formalmente ante el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería de San Juan, Lic. Roberto Moreno, solicitando la suspensión urgente del proceso de consulta pública para la etapa de exploración del proyecto.

Ante este planteo y la presentación legal, DIARIO HUARPE se puso en contacto con la Dirección de Prensa del Ministerio de Minería para conocer la posición oficial del organismo. Si bien desde esa área se comprometieron a gestionar las respuestas de los funcionarios responsables, al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

La Iglesia: "El agua no se hipoteca"

Invocando las bases conceptuales y teológicas de la encíclica Laudato Si' del Papa Francisco, el presbítero Gustavo Vaca estructuró una carta abierta a la comunidad con trasfondo ético y humano. El sacerdote planteó que cuando el progreso pone en riesgo el recurso hídrico, "ya no estamos frente a una discusión meramente económica, técnica o política. Estamos frente a una cuestión esencial: la vida". En esa misma línea, remarcó que la tierra es nuestra "casa común" y que la humanidad es "simplemente custodia y no dueña absoluta de la creación".

"¿Qué clase de progreso necesita poner en riesgo aquello que hace posible la vida?", cuestionó el religioso, agregando que "la vida humana no puede ser sometida a la lógica de una rentabilidad que ignore las condiciones que la hacen posible". Su proclama incluyó una advertencia cruda sobre la inviabilidad de la región ante un desastre hídrico: "Sin agua no hay agricultura. Sin agua no hay comunidades. Sin agua no hay animales. Sin agua no hay ecosistemas. Sin agua no hay futuro".

En su comunicado, Vaca exhortó directamente a los funcionarios públicos municipales y provinciales a cumplir con su deber de custodiar el Bien Común, sentenciando que "el agua no se hipoteca" y que "la vida no es un costo de producción". Asimismo, el párroco alertó sobre el rol ético de la comunidad frente a la toma de decisiones: "Hay silencios que son prudencia. Pero también hay silencios que son complicidad. Y frente al riesgo de perder el agua, callar no es neutralidad. Es elegir", agregó.

Amenaza sobre la única fuente de agua potable

La preocupación eclesiástica y vecinal se asienta sobre ciertos datos cartográficos e hidrológicos. Según el análisis, el área pedida para Nuevo Panacán se superpone en un 53,6% con la cuenca imbrífera de Huachi. Esta cuenca, declarada Área Protegida de Interés Ambiental y Público por la Ordenanza Municipal N.º 3172 (que protege 113.400 hectáreas), alimenta al acuífero libre o no confinado Pampa del Chañar, el cual abastece por acueducto de 22 km a los 21.000 habitantes del departamento.

El informe RR-653 del Instituto Nacional del Agua (INA) detalla la "vulnerabilidad" de Pampa del Chañar. Aseguran que al ser un acuífero libre, carece de capas impermeables de arcilla que lo protejan, por lo que posee permeabilidad directa desde la superficie. Argumentan que las lluvias y nevadas de las altas cumbres descienden por las quebradas de los ríos Huerta de Huachi, Pescado y Pajarillo —cuyas nacientes están en las coordenadas del proyecto minero— e infiltran directo en el abanico aluvial.

El informe técnico IT-421 del INA estima que el volumen precipitado anual es de 58,26 a 74,55 Hm3, con una recarga crítica de 4,54 a 5,81 Hm3 por año, y un flujo subterráneo de 16 Hm3 anuales. Cualquier efluente o sustancia tóxica vertida en las nacientes de la cuenca alta fluirá directamente hacia los pozos de captación humana de La Represa, causando daño ambiental irreversible. Saúl Zeballos, miembro de la asamblea, catalogó el proyecto como "una nueva puñalada al corazón de Jáchal" y aseguró que el Gobierno incumplió su promesa electoral de no permitir minería en Huachi.

Consulta pública y la ofensiva legal

Ante este escenario, la defensa del agua se trasladó a las oficinas del Ministerio de Minería como instancia de "resistencia administrativa". El recurso legal de 12 páginas presentado por Faustino Esquivel y patrocinado por el abogado Horacio Rodríguez del Cid (M.P. 2140) denuncia vicios de procedimiento en la habilitación de la consulta pública. Señala que el proceso careció de difusión digital integral del expediente y de comunicación territorial efectiva en Jáchal, limitándose a una sola publicación en el Boletín Oficial.

Exponen que para revisar los pliegos técnicos originales, las autoridades exigían a los vecinos viajar 220 kilómetros hasta la capital de San Juan para acceder al soporte físico en un horario restrictivo de solo cuatro horas diarias (de 8:00 a 12:00). El edicto otorgó apenas cinco días hábiles de consulta (este 3 de septiembre se cierra esta posibilidad) y tres días para formular objeciones (hasta el 8 de septiembre), plazos calificados como ridículos para un expediente técnico de tal envergadura.

El planteo legal apunta a que se violó el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente 25.675, la Ley Provincial 1999-L de protección hídrica y la Ordenanza Municipal N.º 3172. Estos vecinos argumentan que el Ministerio omitió realizar un cotejo georreferenciado oficial previo de compatibilidad territorial para descartar la superposición con la Zona Roja de la cuenca protegida antes de abrir la consulta. Según sostienen, la presentación exige aplicar de inmediato una medida preventiva de tutela administrativa para suspender la evaluación de impacto ambiental, frenar los plazos de consulta y dictar el no innovar sobre tareas de campo.

Finalmente, invoca la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en los fallos "Salas", "Barrick" y "Majul" bajo los mandatos precautorios "in dubio pro aqua" e "in dubio pro natura", que -dicen- "obliga a las autoridades" a detener cualquier actividad ante el riesgo de "daño ambiental irreversible" y "preservar el agua para las futuras generaciones de Jáchal".