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La Intersindical exige derogar el decreto que amplía el cupo de proveedores del RIGI
La Intersindical cuestionó que filiales extranjeras puedan computar como proveedores locales y competir por el cupo del 20% del RIGI.
POR REDACCIÓN
La Intersindical de San Juan manifestó su rechazo al Decreto 1366/2026, que habilita a filiales de capital extranjero a computar como proveedores locales dentro del cupo del 20% de compre nacional establecido por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Desde el espacio sindical advirtieron que la medida modifica quiénes pueden participar de ese porcentaje y que las empresas extranjeras competirán en igualdad de condiciones con las pymes y los fabricantes nacionales, pero con ventajas financieras, tecnológicas y de escala.
A través de un comunicado, la organización cuestionó el impacto que la disposición podría tener sobre el entramado productivo y el empleo sanjuanino. Además, reclamó la derogación inmediata del decreto y una ley que establezca prioridad territorial para los proveedores y trabajadores de las comunidades cercanas a los proyectos mineros.
Cuestionamientos al alcance del decreto
La Intersindical sostuvo que, desde la asunción de Javier Milei en el Gobierno nacional y Marcelo Orrego en la provincia, las reglas de la actividad minera fueron modificadas y se flexibilizaron requisitos que, según señalaron, protegían el trabajo local y el desarrollo industrial. En ese sentido, consideró que la Ley Bases y el RIGI prometieron proveedores argentinos y empleo en los territorios, pero que el nuevo decreto debilita ese objetivo.
En el comunicado también mencionaron las críticas del diputado Miguel Ángel Pichetto, quien sostuvo que la disposición vulnera la ley aprobada por el Congreso y habilita una economía de enclave. La organización recordó, además, que la Unión Industrial Argentina había solicitado que el cupo del 20% se aplicara a bienes industriales con valor agregado nacional y que se verificara la capacidad de los proveedores del país.
A nivel provincial, la Intersindical señaló que las cámaras mineras Casemica y Caprimsa también rechazaron la medida. Según el comunicado, Casemica pidió la derogación del decreto al considerar que deja de lado el arraigo territorial.
La preocupación por las pymes y el empleo sanjuanino
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que una filial extranjera puede contar con un CUIT argentino, importar bienes terminados desde su casa matriz y facturarlos en el país sin haberlos fabricado localmente. De acuerdo con la postura sindical, esa situación le permitiría computar dentro del cupo de proveedores locales sin generar producción, contratar trabajadores ni adquirir insumos nacionales.
La organización advirtió que las empresas que producen en San Juan, pagan salarios en la provincia y sostienen puestos de trabajo deberán competir por el mismo cupo con esas estructuras empresariales. Como argumento, indicó que durante el segundo trimestre de 2026 solo el 4,7% de las pymes industriales abastecía a proyectos del RIGI.
Para la Intersindical, la medida puede traducirse en menos oportunidades laborales en los departamentos vinculados con la actividad minera. En ese sentido, mencionó a Calingasta, Iglesia, Jáchal y Rivadavia, y advirtió que los contratos destinados a filiales extranjeras o importaciones podrían significar menos trabajo para talleres y empresas locales.
El pedido al Gobierno provincial
Finalmente, la Intersindical exigió la derogación inmediata del Decreto 1366/2026 y reclamó una ley que garantice prioridad territorial a proveedores y trabajadores de las comunidades de influencia directa de los proyectos. También pidió al Gobierno provincial que defienda la mano de obra y la industria sanjuanina.
Entre sus demandas, planteó la necesidad de establecer controles sobre el origen nacional de los bienes y la contratación de trabajadores locales. El objetivo, según expresaron, es evitar que el desarrollo minero se traduzca en una actividad extractiva sin impacto suficiente sobre la producción y el empleo de San Juan.