La Justicia cerró la causa contra Macri y exfuncionarios por el préstamo del FMI

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes el cierre de la causa que investigaba presuntas irregularidades en la negociación, firma y ejecución del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Sala I, ratificaron la decisión que había adoptado en febrero la jueza federal María Eugenia Capuchetti y rechazaron el recurso presentado por el fiscal Franco Picardi para continuar con la investigación.

La causa estaba vinculada al acuerdo Stand-By firmado por Argentina con el FMI en 2018. Inicialmente, el crédito fue acordado por USD 50.000 millones y posteriormente fue ampliado hasta alcanzar los USD 57.100 millones.

La investigación alcanzaba al expresidente Mauricio Macri y a varios integrantes de su administración, entre ellos el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne. También quedaron involucrados funcionarios que actualmente integran el Gobierno nacional, como Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Por qué la Justicia decidió cerrar la causa

Uno de los puntos centrales del fallo es que, después de más de cinco años de investigación, la Cámara consideró que no se reunieron elementos suficientes para sostener que los funcionarios hubieran cometido los delitos investigados.

Los magistrados señalaron que el acuerdo con el organismo internacional se produjo en un contexto de urgencia financiera y que no se pudo establecer que los funcionarios hubieran actuado con la intención de violar la ley.

La Fiscalía había cuestionado diferentes aspectos del procedimiento utilizado para avanzar con el préstamo. Entre ellos, la falta de un decreto presidencial que formalizara el acuerdo, la ausencia de intervención del jefe de Gabinete y la falta de un dictamen del Banco Central sobre el impacto que tendría la operación.

También se cuestionaba que el Congreso Nacional no hubiera intervenido en la toma del empréstito.

Sin embargo, para la Cámara, las posibles irregularidades administrativas detectadas durante el procedimiento no alcanzan por sí mismas para configurar un delito penal. “El Poder Judicial no está llamado a revisar el acierto o desacierto de las decisiones económicas de un gobierno”, sostuvieron los camaristas al analizar el expediente.

El perjuicio económico señalado por la SIGEN

Otro de los elementos analizados durante la causa fue un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que había estimado un perjuicio patrimonial para el Estado de aproximadamente USD 29.618 millones.

Para la Cámara, la existencia de un eventual daño económico tampoco resulta suficiente para demostrar una administración fraudulenta.

Los jueces entendieron que para configurar ese delito debía probarse que existió una disposición de fondos realizada con conocimiento de que perjudicaría al Estado o que hubo una sustracción de recursos en beneficio propio o de terceros.

La Fiscalía también había pedido profundizar medidas destinadas a reconstruir la trazabilidad de los desembolsos y determinar eventuales vínculos entre funcionarios y operadores privados.

La Cámara rechazó ese planteo y remarcó que durante los más de cinco años que duró la investigación se incorporaron informes de la Auditoría General de la Nación, la Sigen y el Banco Central, además de documentación administrativa, testimonios y datos relacionados con la formación de activos externos.

Finalmente, Llorens y Bertuzzi concluyeron que no existían elementos suficientes para mantener abierta la investigación y confirmaron el archivo dispuesto en primera instancia.