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La Justicia confirma sentencia contra la agroquímica Atanor
El máximo tribunal ratificó la condena contra la agroquímica por vertidos tóxicos en San Nicolás y denunció la falta de controles de la provincia.
En una resolución de trascendencia histórica para la jurisprudencia ambiental argentina, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires confirmó que la planta de agroquímicos Atanor, ubicada en San Nicolás, ha provocado un daño irreversible en el río Paraná. El fallo del máximo tribunal bonaerense rechaza los recursos interpuestos por la empresa y deja firme una sentencia que la responsabiliza directamente por la contaminación con efluentes industriales derivados de su actividad productiva.
Este proceso judicial, que se extendió durante 12 años, tuvo su origen en una denuncia presentada por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná. La organización logró demostrar la existencia de irregularidades sistemáticas en la cadena de producción de la firma, así como una alarmante deficiencia en los mecanismos de fiscalización que debían ejercer las autoridades provinciales. La decisión judicial no solo valida las denuncias vecinales y de organizaciones ambientalistas, sino que transforma esos reclamos en una realidad judicialmente acreditada.
Un fallo histórico tras décadas de conflicto
La sentencia de la Corte adquiere una dimensión crítica al ponderar el "marco de ilegalidad" bajo el cual operaba la agroquímica. El tribunal dio por probada la presencia de atrazina, un agroquímico industrial, en niveles que superan con creces los estándares permitidos, lo que derivó en una afectación integral del ecosistema del río. El fallo también subraya que los tratamientos implementados por Atanor para mitigar el impacto de sus residuos fueron insuficientes para eliminar los compuestos nocivos.
El abogado Fabián Maggi, representante de la asociación civil denunciante, señaló que este pronunciamiento es fundamental para una ciudad que ha convivido durante décadas con una industria de alto riesgo instalada en su corazón urbano y a escasos metros de barrios residenciales. La Justicia ratificó que la contaminación no es una hipótesis, sino un hecho consumado que afecta a uno de los cursos de agua más importantes del Cono Sur.
Sustancias tóxicas y fallas en la fiscalización
La gravedad de la situación se ve agravada por informes recientes. Greenpeace Argentina y el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente del Conicet detectaron, durante la primera mitad de 2026, residuos de glifosato, AMPA (producto de su degradación), atrazina y diversos metabolitos asociados en descargas pluviales que desembocan directamente en el Paraná. En particular, una de las muestras reveló concentraciones extremadamente altas de Atrazina-Hidroxi.
Un punto central de la sentencia es la dura crítica hacia el Estado. El máximo tribunal señaló expresamente la falta de controles suficientes por parte de la Autoridad del Agua (ADA) y del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Según el fallo, estos organismos no verificaban la totalidad de los compuestos químicos relacionados con la actividad de Atanor, permitiendo que la contaminación persistiera en el tiempo sin una fiscalización adecuada.
El camino hacia la relocalización y la remediación
Actualmente, Atanor se encuentra en pleno proceso de relocalización de sus operaciones, luego de que la Justicia ordenara la suspensión definitiva y el cese de la producción de agroquímicos en su planta de San Nicolás. Este desmantelamiento y limpieza está bajo la lupa de organizaciones como el Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea) y Greenpeace, que exigen un monitoreo riguroso para evitar que el proceso de movilización genere nuevos riesgos ambientales.
Sin embargo, para los afectados, el cierre de la planta es solo el primer paso. El fallo obliga a plantear interrogantes sobre la verdadera extensión territorial y temporal del daño acumulado. Tras la sentencia, surge la exigencia de una investigación ambiental integral, independiente y transparente que permita determinar las consecuencias a largo plazo sobre la salud de la población y el ambiente. San Nicolás requiere respuestas sobre la magnitud de una contaminación histórica que, durante demasiado tiempo, fue ignorada por los organismos de control.