La Justicia intimó al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y le otorgó un plazo de cinco días para avanzar con la medida cautelar vigente a favor de las universidades públicas.

La resolución fue emitida por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien consideró que la medida judicial todavía no había sido cumplida en su totalidad. La intimación apunta a que el Ejecutivo aplique las disposiciones vinculadas con la recomposición de salarios docentes y no docentes universitarios.

El conflicto por el financiamiento universitario

La disputa comenzó luego de los reclamos de las universidades nacionales por la actualización de sus partidas presupuestarias y los ingresos de trabajadores del sistema universitario.

En este marco, la Justicia había dictado una medida cautelar que ordenaba avanzar con la aplicación de determinados puntos de la normativa. Ahora, ante la falta de cumplimiento total, el magistrado volvió a requerir una respuesta del Estado nacional.

Según la resolución, el Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias para ejecutar lo dispuesto por la Justicia dentro del plazo establecido. En caso contrario, el expediente contempla la posibilidad de aplicar sanciones económicas.

La postura del Gobierno

Desde el Ejecutivo sostienen que la discusión debe darse dentro del marco presupuestario vigente y cuestionan algunos aspectos de la normativa aprobada.

La administración nacional presentó planteos judiciales sobre el alcance de la ley y su aplicación, mientras que las universidades reclaman que se garanticen los fondos establecidos para el funcionamiento del sistema y la actualización salarial.

Nuevo paro universitario

La intimación judicial se conoció en paralelo al conflicto gremial dentro de las universidades nacionales. Los sindicatos docentes y no docentes convocaron medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y cumplimiento de la ley.

La situación mantiene abierto un enfrentamiento entre el Gobierno y las instituciones universitarias, con una disputa que ahora suma una nueva resolución judicial.