Judiciales > Presunta corrupción
La Justicia investiga irregularidades en contrataciones públicas a una empresa de seguridad
Se investiga la adjudicación de contratos de seguridad privada en organismos estatales. Exfuncionarios y empresarios serán citados a declarar.
POR REDACCIÓN
La Justicia Federal lleva adelante una investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de empresas de seguridad privada por parte de organismos públicos. Según fuentes judiciales, se habrían detectado movimientos financieros inusuales vinculados a la adjudicación de estos servicios, lo que ha llevado a citar a declarar a exfuncionarios y empresarios del sector.
La caja de Pandora la abrió la empresa Securitas, de origen sueco, cuando se hizo una autodenuncia al cambiar de gestión ejecutiva en la Argentina y descubrir que había millones de dólares salientes de la compañía de forma irregular. Esos pagos se realizaban, como coimas, a funcionarios de decenas de dependencias nacionales y provinciales para asegurar que la empresa se quede con los contratos de seguridad privada de organismos y edificios públicos en todo el país. Hace días, se confirmaron las fechas de indagatoria para 36 personas, entre las cuales se encuentran funcionarios actuales, exfuncionarios y exempleados de Securitas
La causa se inició tras la presentación de documentos que revelaban inconsistencias en los procesos de contratación. Se analiza si ciertos pagos efectuados a intermediarios o funcionarios pudieron haber favorecido la continuidad de determinadas empresas en licitaciones estatales. La investigación busca determinar el alcance de estas prácticas y establecer eventuales responsabilidades penales.
El expediente judicial se encuentra en una etapa avanzada, con la convocatoria a una serie de indagatorias clave para esclarecer los hechos. Entre los citados a declarar hay exfuncionarios de distintos niveles de gobierno y empresarios vinculados a la provisión de servicios de seguridad privada.
El caso ha despertado interés en el ámbito judicial debido a su posible impacto en futuras regulaciones de contratación pública. Fuentes cercanas a la investigación indican que se está evaluando la aplicación de sanciones conforme a la legislación vigente y que el proceso podría derivar en medidas adicionales para reforzar los controles en las licitaciones estatales.
Posibles implicancias
Aunque hasta el momento no se han emitido comunicados oficiales por parte de los organismos involucrados, la causa podría sentar un precedente en la regulación de la contratación de servicios de seguridad para el sector público. Especialistas en derecho administrativo destacan la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia en la adjudicación de contratos, con el fin de evitar irregularidades en futuros procesos de licitación.
En las próximas semanas se espera que el avance de la causa arroje mayores detalles sobre los hechos investigados y las posibles resoluciones judiciales.