Tras el rechazo en el Senado, el Gobierno debió retroceder en las reformas que buscaban fusionar, disolver o reestructurar distintos organismos del Estado. Los decretos 627 y 628, publicados este martes en el Boletín Oficial, dejaron sin efecto los cambios que alcanzaban a instituciones culturales, científicas, productivas y de control.

Se investiga la adjudicación de contratos de seguridad privada en organismos estatales. Exfuncionarios y empresarios serán citados a declarar.