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La Justicia le dio la razón a un concejal y Angaco le debe $1.500.000
Tras ser sancionado, el concejal orreguista, Andrés Olivera, recurrió a la Justicia de San Juan y esta le terminó dando la razón. Por esto, el Ejecutivo de Angaco debe pagarle $1.500.000.
Por Marcos Ponce
Tras el fallo de la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, el concejal opositor de Angaco, Andrés Olivera, aún espera que le restituyan $1.500.000 que le adeudan tras sancionarlo por un mes sin goce de haberes. Hay que remontarse a la decisión que tomó el cuerpo deliberativo del departamento tras considerar que el edil de Cambia San Juan cometió una falta grave al marcar el ausente en el libro de asistencia de sus colegas en el recinto e intervenir sobre un libro oficial, pero la Justicia consideró que fue una decisión ilegal.
Ante esta situación, la magistrada estableció un plazo para que el intendente cumpla con la orden, advirtiendo que, de no hacerlo, se le aplicarán multas diarias al Ejecutivo. A pesar de la resolución judicial, Andrés Olivera manifestó a DIARIO HUARPE que aún no ha recibido la restitución de sus haberes y agregó que “lo que tienen que hacer es devolverme mi salario, de acuerdo a la resolución judicial que fue hace varias semanas".
Este fallo se produce en el contexto de una serie de acciones legales que Olivera ha emprendido contra la resolución del Concejo que lo sancionó. Además de la cautelar que le fue concedida, el concejal presentó un amparo y un pedido de nulidad e inconstitucionalidad de la medida que lo suspendió. El municipio, responsable de pagar los salarios, deberá reintegrar un total de 1.500.000 pesos, que fueron descontados en dos tramos: uno a principios de diciembre y otro a finales del mismo mes.
El edil opositor de Angaco dijo que “cada vez que haya un opositor que, a viva voz, esté diciendo lo que está haciendo mal un municipio o dentro de un Concejo, lo van a sancionar y perjudicar de alguna forma como para callarlo. Me parece que no es la manera, por eso es que inicie las acciones legales para evitar que ocurra en el futuro".
La suspensión del edil de Angaco se produjo tras cuatro sesiones consecutivas, del 17 de octubre al 17 de noviembre, en las que se le acusó de haber cometido una "falta grave". Según la resolución, el concejal se excedió en sus facultades al tomar el registro de asistencias en una sesión del 10 de octubre, donde anotó que sus pares estaban ausentes, una función que corresponde a la Secretaría Administrativa.
Desde la versión oficial, se sostiene que el presidente del Legislativo, Alberto De los Ríos, y sus pares Alejandro Paredes y Gloria Herrero estuvieron presentes en el Concejo hasta las 9, cuando se retiraron a una actividad oficial a la que fueron invitados protocolarmente. La resolución del Concejo argumentó que la conducta de Andrés Olivera era "grave" y "una falta de respeto".
Ante esto, Andrés Olivera hizo su primera presentación en Juzgado Civil N°11 que estaba a cargo de Amanda Díaz, y ella lo rechazó de inmediato sin analizar el meollo de la causa. Por esto, el edil angaquero apeló a la Cámara Civil y los jueces Juan Carlos Noguera, Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez, y anularon la sentencia de primera instancia y además dispusieron que la causa se sortee en el resto de los tribunales. Así, recayó en el Contencioso Administrativo que tiene a Adriana Tettamanti al frente.
Ahora, Andrés Olivera está esperando que se cumpla con lo sentenciado por la magistrada y que le restituyan los $1.500.000 que se le adeuda por la sanción incorrecta que le recayó de parte de sus colegas del Concejo Deliberante de Angaco.