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La Justicia ordenó al Ministerio de Capital Humano abastecer 77 comedores
Un fallo judicial obliga al gobierno a restituir el suministro de alimentos a 77 comedores en 72 horas. El conflicto persiste entre el gobierno y las organizaciones sociales.
POR REDACCIÓN
La Justicia Federal ordenó al Ministerio de Capital Humano que, en un plazo de 72 horas hábiles, restituya el abastecimiento de alimentos a 77 comedores comunitarios. Esta medida cautelar fue solicitada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes aseguran que cientos de espacios comunitarios en todo el país están enfrentando dificultades para mantener el suministro alimentario.
Desde el gobierno, en cambio, se defendieron argumentando que no se ha incumplido ninguna ley. A través de un comunicado, el Ministerio que lidera Sandra Pettovello subrayó que en su inspección encontraron que 11 de los comedores mencionados no existen, aunque, en su presentación judicial, también reconocieron que no habían logrado relevar esos espacios. La respuesta del sector liderado por Juan Grabois no se hizo esperar, y desde su plataforma Argentina Humana, emitieron un mensaje en redes sociales: "Dejen de mentir. Sí existen, los 77 comedores y muchos más, pero ustedes no los relevaron. Entreguen la comida. Tienen hasta el lunes. Tic tac".
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A pesar de esta disputa, el juez Enrique Lavié Pico fue claro en su sentencia. En su fallo, destacó la urgencia del caso dado el derecho alimentario de la población vulnerable. El juez también advirtió que, si el ministerio no cumple con la orden, se aplicarán sanciones económicas al Estado. “El incumplimiento será sancionado con multas”, sentenció Lavié Pico, al tiempo que instó al gobierno a verificar la existencia de los comedores y a garantizar el abastecimiento sin intermediarios.
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Este conflicto se suma a otros cuestionamientos hacia el gobierno, especialmente desde sectores de la UTEP, quienes han alertado sobre el riesgo que corren las poblaciones más vulnerables ante la falta de alimentos. El mes pasado, la organización llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresó su preocupación por la regresividad en los derechos sociales en Argentina.
Mientras tanto, el gobierno manifestó que trabaja en la eliminación de intermediarios en el proceso de distribución de alimentos y en la verificación de la existencia de los comedores restantes. Sin embargo, el plazo impuesto por la Justicia comienza a generar tensión, y las organizaciones sociales insisten en que el Ejecutivo cumpla con la medida judicial y restituya el abastecimiento lo antes posible.
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Este conflicto pone en evidencia la tensión existente entre el gobierno y las organizaciones sociales en el ámbito de la asistencia alimentaria a los sectores más necesitados, y se espera que la resolución del caso sea clave para el futuro de las políticas sociales en el país.