Política > Intervención
La Justicia ordenó que UTA restablezca el servicio y siga negociando
El Gobierno consiguió una cautelar para que el gremio cumpla la conciliación obligatoria mientras continúan las negociaciones por la deuda salarial.
POR REDACCIÓN
La Provincia presentó un amparo para que el gremio acate la conciliación obligatoria y vuelva a prestar el servicio. El objetivo es que las partes sigan negociando mientras se busca una solución al conflicto salarial.
La Justicia hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Gobierno de San Juan contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en medio del paro de colectivos que afecta al transporte público desde el miércoles 7 de octubre. La presentación judicial busca que el gremio cumpla con la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo y que se restablezca el servicio, independientemente de que la negociación salarial entre trabajadores y empresas continúe.
La Provincia recurrió a la Justicia luego de que la UTA mantuviera la medida de fuerza pese a la conciliación obligatoria. El objetivo del amparo es que los colectivos vuelvan a circular mientras las partes continúan sentadas a negociar y buscan una salida al conflicto.
Rodolfo Colombo, asesor de Gobierno, cuestionó en Radio Colón el incumplimiento de las disposiciones laborales y remarcó que el reclamo salarial no debería derivar en la interrupción de un servicio que alcanza a toda la población.
“Creo que han incumplido dos veces la ley. Primero, el paro, por lo tanto no lo anunciaron ante la Subsecretaría de Trabajo y después también incumplieron la conciliación obligatoria porque ayer había conciliación obligatoria y hubo paro igual”, sostuvo.
Colombo agregó que existe además una tercera cuestión vinculada con el carácter esencial del transporte público. “Una tercera, no cumplir con el servicio básico esencial como es el transporte público”, señaló.
En ese sentido, explicó que la intención de la intervención judicial es garantizar la prestación del servicio sin impedir que el gremio continúe con sus reclamos y que las partes mantengan abierta la discusión salarial.
“Vos tenés que cumplir con un servicio esencial. Ponele que tengas alguien que no tiene teléfono para llamar a la ambulancia y estaba esperando el colectivo para llegar al hospital. Digo, ¿cómo con el servicio esencial?”, ejemplificó el funcionario.
El asesor de Gobierno aclaró que la Provincia no desconoce el derecho de los trabajadores a reclamar. “El gremio tiene todo su derecho de hacer lo que tiene que hacer, pero el formalismo, la normativa y la ley hay que cumplirla”, afirmó.
El conflicto comenzó el miércoles, cuando los trabajadores nucleados en la UTA iniciaron una retención de tareas en reclamo del cumplimiento de los acuerdos salariales. Ese mismo día, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria mediante la Resolución N° 198-ST-2026, que ordenó retrotraer la situación al momento previo al conflicto y convocó a una audiencia entre representantes sindicales y empresarios para este jueves 8 de octubre.
La disputa salarial
La UTA reclama que las empresas abonen los salarios con la escala correspondiente a septiembre, ya que, según el gremio, los haberes fueron liquidados con valores de abril. A esa diferencia se suman pagos retroactivos que, de acuerdo con los delegados, representan alrededor de $800.000 por trabajador.
Desde el sector empresario, Ricardo Salvá, representante de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), sostuvo que las compañías no cuentan con recursos suficientes para afrontar los incrementos salariales reclamados. “No estamos en condiciones de afrontar este aumento salarial”, afirmó y señaló que al sistema le faltan unos $2.000 millones mensuales para cubrir sus costos operativos.
En este escenario, la cautelar incorpora una nueva instancia judicial al conflicto. La intención del Gobierno es que la medida permita recuperar la circulación de colectivos mientras UTA y las empresas continúan negociando las diferencias salariales.
Colombo también cuestionó el incumplimiento de las obligaciones por parte de los distintos actores involucrados. “No lo han cumplido ni ellos ni el empresariado tampoco”, afirmó, al referirse a las obligaciones derivadas del conflicto.
La resolución judicial no implica un acuerdo salarial entre las partes. La discusión por los montos adeudados y la aplicación de las escalas correspondientes continuará en el ámbito de la conciliación, mientras el Gobierno busca que el servicio de transporte público sea restablecido.