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La Justicia prorrogó la domiciliaria de Robles Bonade y González por la megaestafa
La Justicia extendió por otros 90 días la medida contra Denise Robles Bonade y Rubén Martín González, imputados por casi 300 hechos de fraude.
POR REDACCIÓN
La investigación por la presunta megaestafa inmobiliaria que sacudió a San Juan sumó un nuevo capítulo. La Justicia resolvió extender por otros 90 días la prisión domiciliaria de Denise Robles Bonade y Rubén Ángel Martín González, señalados como los principales responsables de un esquema de venta irregular de lotes que dejó cientos de damnificados.
La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada en el marco de la feria judicial, luego de que la Fiscalía sostuviera que todavía existen riesgos procesales y que la causa continúa en plena etapa de producción de pruebas. Por ese motivo, solicitó mantener vigente la medida cautelar para ambos imputados.
El expediente ya reúne cerca de 300 denuncias. Según la acusación, González enfrenta 156 hechos de estafa, mientras que Robles Bonade acumula 141 imputaciones. Además, ambos están acusados por los delitos de estafa, estelionato y desbaratamiento de derechos en concurso real, una combinación de cargos que, de acuerdo con la Fiscalía, podría derivar en una condena de una magnitud inédita para este tipo de causas en la provincia.
Desde el Ministerio Público Fiscal reiteraron que su postura siempre fue que los acusados permanecieran alojados en el Servicio Penitenciario Provincial. Sin embargo, esa posibilidad ya había sido descartada por resoluciones anteriores, que dispusieron el cumplimiento de la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria.
Con la nueva resolución, González continuará detenido en su vivienda de Santa Lucía, mientras que Robles Bonade seguirá cumpliendo la medida en un domicilio de Capital. Ambos permanecerán bajo controles periódicos y sorpresivos realizados por personal policial durante el plazo fijado por la Justicia.
La investigación sigue abierta y no se descarta que el número de hechos incorporados al expediente aumente con el avance de las actuaciones judiciales, mientras los damnificados aguardan el inicio del juicio para reclamar una reparación por las pérdidas sufridas.