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La Nación acelera gestiones con EEUU para financiar la base naval de Ushuaia
La Casa Rosada intenta cerrar un esquema de cooperación y financiamiento con Estados Unidos para avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional intensifica las gestiones para conseguir financiamiento y apoyo técnico de Estados Unidos que permita avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto considerado estratégico para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y la logística hacia la Antártida. En la Casa Rosada admiten que las negociaciones aún no están avanzadas, aunque buscan acelerar los tiempos antes de las elecciones legislativas de Estados Unidos.
Según fuentes del Ejecutivo, existe la preocupación de que un eventual cambio en la composición del Congreso estadounidense pueda modificar el margen de maniobra política de la administración de Donald Trump y afectar las posibilidades de cooperación bilateral en materia de defensa.
La Base Naval Integrada de Ushuaia es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Defensa que prevé una participación central de la Armada Argentina y apunta a mejorar las capacidades logísticas y operativas del país en una región considerada clave por su cercanía con las Islas Malvinas y su proyección hacia la Antártida. Sin embargo, su ejecución depende de conseguir los recursos económicos necesarios.
En ese contexto, el Gobierno analiza un esquema de cooperación similar al implementado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en otros proyectos de infraestructura. La intención oficial es obtener asistencia técnica, apoyo logístico y eventualmente financiamiento, sin que ello implique la instalación de una base militar estadounidense en territorio argentino.
Desde el Ejecutivo remarcan que la infraestructura continuará bajo control argentino y que cualquier acuerdo internacional deberá respetar los mecanismos de transparencia y control previstos por la legislación vigente.
Además del aspecto operativo, la iniciativa tiene una fuerte dimensión geopolítica. En la Casa Rosada consideran que Ushuaia puede consolidarse como un centro logístico estratégico para las campañas antárticas y competir con otros puertos utilizados como puerta de entrada al continente blanco, como Punta Arenas, en Chile; Hobart, en Australia; y la infraestructura desarrollada por el Reino Unido en las Islas Malvinas.
El interés de Washington también se vincula con la creciente competencia geopolítica con China. En ámbitos oficiales sostienen que Estados Unidos observa con especial atención la participación china en obras de infraestructura consideradas estratégicas en América Latina y que Tierra del Fuego ocupa un lugar relevante por su posición geográfica.
En paralelo, el Gobierno argentino profundizó durante los últimos meses distintos acuerdos de cooperación con Estados Unidos en materia de defensa y seguridad. Entre ellos figuran ejercicios militares conjuntos, programas de patrullaje marítimo con apoyo del Comando Sur, donación de equipamiento, intercambio logístico y cartas de intención para el acceso a tecnologías vinculadas con drones y sistemas antidrones.
Desde el Ministerio de Defensa también destacan la participación en maniobras navales combinadas y la visita del presidente Javier Milei al portaaviones USS Nimitz, como parte del fortalecimiento del vínculo bilateral en materia de seguridad.
El Ejecutivo espera que un nuevo viaje de Milei a Estados Unidos durante el segundo semestre permita consolidar esa relación política y dar impulso a los proyectos estratégicos aún pendientes, entre ellos la Base Naval Integrada de Ushuaia.
No obstante, el proyecto también genera interrogantes en el plano político y diplomático. Cualquier esquema que contemple asistencia o cooperación militar extranjera podría abrir debates en el Congreso y despertar cuestionamientos por su impacto en la política exterior argentina, especialmente en relación con la cuestión Malvinas, la proyección antártica y el vínculo con los países de la región.
Por ese motivo, la estrategia oficial apunta a avanzar mediante acuerdos técnicos y de implementación gradual, evitando presentar la iniciativa como una base extranjera y reafirmando que se trata de una infraestructura destinada a fortalecer las capacidades soberanas de la Argentina.