La oposición quiere interpelar a Santilli por las universidades

La oposición en la Cámara de Diputados puso el foco sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y busca que dé explicaciones ante el Congreso. El reclamo surge luego de que la Corte Suprema dejara firme una medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.

El planteo fue impulsado por la diputada nacional de Unión por la Patria, Blanca Osuna, quien presentó un proyecto para exigirle al Poder Ejecutivo información detallada sobre la ejecución de las partidas previstas para las universidades nacionales. Entre otros puntos, solicita conocer por qué no se cumplió con la totalidad de los fondos establecidos por la norma, cuál es el cronograma para recomponer los salarios docentes y no docentes y cuál es la situación presupuestaria de los hospitales universitarios. El expediente fue presentado el 3 de julio y lleva también la firma de otros legisladores, entre ellos el sanjuanino Cristian Andino.

El reclamo apunta además a determinar las prioridades adoptadas por el Gobierno nacional en materia presupuestaria. Osuna cuestionó que se haya privilegiado una deuda con empresas energéticas por encima de la aplicación de la ley universitaria y sostuvo que la participación del presupuesto universitario sobre el PBI cayó del 0,72% en 2023 al 0,47% en 2026, según los fundamentos de su presentación.

El pedido se produce después del fallo de la Corte Suprema del 25 de junio de 2026, que rechazó el recurso del Poder Ejecutivo y dejó vigente la cautelar que ordena actualizar los salarios del sistema universitario y recomponer programas destinados a estudiantes. La decisión judicial mantiene, por ahora, la obligación de cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795.

La ofensiva opositora también alcanzó a la Comisión de Educación de Diputados. Osuna y Juan Carlos Molina reclamaron al titular de ese cuerpo, Alejandro Finocchiaro, que convoque de manera urgente a una reunión informativa para analizar el estado del financiamiento universitario y el cumplimiento de la legislación vigente.

El conflicto arrastra varios capítulos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El Gobierno prorrogó el Presupuesto 2023 y las universidades reclamaron una actualización de sus partidas. El 23 de abril de 2024, una multitudinaria marcha federal se convirtió en uno de los primeros grandes cuestionamientos al ajuste sobre el sistema universitario.

Luego de que el Congreso sancionara una primera ley en 2024, Milei la vetó. En 2025, la oposición volvió a impulsar una nueva norma, que fue aprobada por el Congreso pese al rechazo presidencial. Diputados logró insistir con 174 votos y el Senado hizo lo propio con 58, dejando firme la Ley 27.795.

Aunque la norma fue promulgada, el Gobierno suspendió la aplicación de sus artículos 5 y 6 mediante el Decreto 759/2025. Esa decisión derivó en una disputa judicial que llegó hasta la Corte Suprema y que ahora vuelve a colocar al Ejecutivo bajo presión.

En ese escenario, la oposición pretende que Santilli explique ante Diputados cómo piensa cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y con la orden judicial que mantiene vigentes sus puntos centrales.