Las universidades seguirán perdiendo ante la inflación según el presupuesto 2027

El Proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal 2027, presentado el pasado 15 de septiembre por el Gobierno Nacional, consolida un fuerte ajuste sobre las Universidades Públicas Nacionales.

A pesar de prever un incremento nominal del 20,9% para el Programa 26 ("Desarrollo de la Educación Superior") —lo que representa un leve crecimiento del 0,3% en términos reales respecto al crédito vigente en 2026—, las partidas destinadas a las casas de altos estudios se ubicarán un 25,2% por debajo en términos reales en comparación con los niveles registrados en 2023.

La brecha entre las partidas oficiales y las necesidades del sector universitario se evidencia al cotejar el proyecto de ley con la Ley 27.795 de "Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente". Dicha norma fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025, vetada por el Poder Ejecutivo el 10 de septiembre e insistida con mayoría agravada por ambas Cámaras el 2 de octubre.

Pese a quedar ratificada, el Ejecutivo dictó el Decreto 759/2025 el 21 de octubre suspendiendo su aplicación por supuesta falta de fondos explícitos, ignorando que el texto legal lo facultaba a reasignar partidas.

Posteriormente, el 23 de diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró inaplicable el decreto y ordenó cumplir la ley, ante lo cual el Gobierno envió el 18 de febrero de 2026 un proyecto de modificación a Diputados que nunca se trató en comisión. A 330 días de su sanción, la norma permanece congelada. De haberse aplicado la Ley 27.795, el presupuesto universitario alcanzaría los $9,74 billones a valores de 2027, superando en un 29,8% la pauta oficial proyectada.

El escenario se agrava al analizar el impacto sobre la masa salarial del personal universitario, sumado a la discrecionalidad en el manejo de los fondos. El Programa 26 contempla $851.558 millones bajo el concepto de Fortalecimiento de Recursos Humanos que figura "bajo la línea", por lo que su ejecución queda a exclusivo arbitrio de la Secretaría de Educación.

En tanto, el artículo 12 del proyecto establece que los aumentos salariales de 2027 se aplicarán únicamente sobre las plantas docentes y no docentes vigentes a las liquidaciones de noviembre de 2026, salvo las excepciones autorizadas por la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano.

El deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores del sector se profundizó desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza. A agosto de 2026, los salarios docentes y no docentes se ubican un 25,0% por debajo del nivel de noviembre de 2023. La mayor contracción ocurrió entre diciembre de 2023 y julio de 2024 (-23,1% real).

Tomando noviembre de 2023 como base, los sueldos reales cayeron un 24,4% en 2024 y un 10,1% en 2025 (acumulando un deterioro del 32,1% a diciembre de ese año), para registrar un rebote real del 10,3% en los primeros ocho meses de 2026, donde los salarios crecieron un 33,8% frente a un IPC del 21,3%. Cabe señalar que la Ley 27.795 estipulaba una recomposición inmediata del 44,0% para restituir los valores de noviembre de 2023.

La pérdida salarial histórica se refleja con claridad en el caso de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación semi-exclusiva y sin antigüedad. A valores de agosto de 2026, su haber percibía $1.163.366 en noviembre de 2015 contra los $652.727 registrados en agosto de 2026, marcando una contracción real del 43,9%. Con la Ley de Financiamiento Universitario, dicho ingreso habría alcanzado los $870.744, atenuando la caída respecto a 2015 a un 25,2%.

Esta degradación salarial ha dejado a la gran mayoría de los trabajadores universitarios por debajo de los umbrales de pobreza e indigencia. En agosto de 2026, la Canasta Básica Total (CBT) para un Hogar Tipo 2 (dos adultos y dos niños) se fijó en $1.605.497 y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en $726.469.

En la dedicación exclusiva, solo las categorías superiores de Profesor Titular ($1.948.581) y Profesor Asociado ($1.733.955) superan la línea de pobreza, al igual que las tres categorías más altas del personal no docente.

El resto del escalafón se ubica por debajo de la CBT. Respecto a la indigencia, únicamente los Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos con dedicación semi-exclusiva cubren la CBA; en cambio, los JTP y Auxiliares con dedicación semi-exclusiva, junto a la totalidad de las categorías con dedicación simple, perciben sueldos brutos que no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Alimentaria.