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Les dictaron falta de mérito a los acusados de estafar con las tarjetas de planes sociales
La resolución fue para los cinco acusados, todos relacionados de alguna manera con la política sanjuanina.
Por Germán González
El Segundo Juzgado Federal dictó la falta de mérito a los cinco acusados de estafar a beneficiarios con el uso de las tarjetas de planes sociales que entregaba el Gobierno de la Nación. Con esta resolución, que no es definitiva, la Justicia consideró que no hay pruebas suficientes para ordenar el procesamiento ni tampoco para sobreseer a los imputados.
Los denunciados son Natalia Castro, Walter Rubén Atampi, Sergio Eduardo Castillo Fernández, Pamela Agüero y Héctor Mauricio Chanquia. El fallo de la Justicia los puso más cerca del sobreseimiento, situación que solo puede cambiar si el fiscal Francisco Maldonado encuentra material de prueba contundente contra los acusados.
La resolución del Juzgado Federal fue notificada a los defensores particulares de los detenidos en la siesta del jueves. El abogado Antonio Falcón, representante de la defensa de Agüero y Chanquía, confirmó la noticia a DIARIO HUARPE y adelantó que en tres meses, de no haber ningún cambio, los imputados podrían tener el sobreseimiento de la causa de estafa. Esto significa que las personas quedan libre de culpa y cargo y no podrán ser nunca más investigados por el mismo hecho.
Los apuntados de estafa están en libertad después de quedar excarcelados y, en la segunda semana de este mes, pasaron por última vez por el juzgado porque fueron llamados a una ampliación de indagatoria.
Castro era la coordinadora de la Oficina de Empleo venticiqueña, mientras que Castillo y Atampi eran considerados punteros políticos. Agüero tenía a su cargo un comedor y Chanquia era dirigente del partido Libres del Sur. A todos se los acusó de incentivar a personas realizar trámites para obtener un plan social de la Nación, ya sea a través del Ministerio de Desarrollo Humano o la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad, luego ellos se dejaban la tarjeta personal y les cobraban el beneficio, le daban una mínima parte del dinero y el resto se la dejaban ellos.
Todo saltó en diciembre de 2020 por una denuncia realizada en la Central de Policía. La División de Defraudaciones y Estafas investigó el hecho, detuvo a los apuntados y secuestró una decena de tarjetas, entre otros elementos personales de los imputados. Luego pasaron el expediente con la información al Primer Juzgado de Instrucción que se declaró incompetente y mandó toda la documentación al Juzgado de Rago Gallo.