Ley de Patentes: Se denuncia la suba de precios y un pacto político para blindar a laboratorios extranjeros 

El Senado de la Nación se prepara para convertir en ley el Tratado de Cooperación en Patentes (PCT), una iniciativa impulsada por el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, que promete desatar una fuerte suba en el precio de los medicamentos.

Con el visto bueno garantizado por la administración libertaria —prometido por Karina Milei y celebrado por Martín Menem—, el peronismo carece de los votos y la voluntad para frenar un texto que ya pasó por la Cámara de Diputados en medio de una intensa disputa de lobbies.

Los grandes laboratorios nacionales nucleados en CILFA optaron por no hacer olas y aceptaron el acuerdo tras lograr que Diputados excluyera de la sanción el Capítulo II del PCT, el cual contemplaba un examen preliminar internacional y permitía que oficinas extranjeras elaboraran dictámenes técnicos sobre nuevas invenciones.

Por su parte, los laboratorios extranjeros nucleados en la poderosa CAEME festejan el entendimiento. Sin embargo, los principales perjudicados serán millones de argentinos que dependen de los fármacos para su día a día, en un mercado que, según datos sectoriales de 2025, mueve más de 8.000 millones de dólares anuales.

Mapa de la industria farmacéutica

Argentina tiene una poderosa industria farmacéutica, algo que la distingue a nivel regional. El problema es que los precios de los medicamentos no son más bajos sino más caros que en otros países.

En un mercado que, según datos de CILFA de 2025, mueve más de 8 mil millones de dólares al año, el gobierno de Milei tomó dos decisiones fundamentales que favorecen a los laboratorios extranjeros, no a los pacientes argentinos. Por un lado el tratado. Por el otro, algo quizás todavía más importante, la derogación de la Resolución Conjunta que fijaba guías de examen de patentes para los medicamentos y limitaba el evergreening, el truco que utiliza cambios menores para prorrogar una patente, impedir la competencia y aumentar los precios.

La nueva Resolución Conjunta 1/2026 que firmaron el 18 de marzo pasado Mario Lugones, Luis Caputo y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) que preside Carlos María Gallo derogó la anterior, del 2 de mayo de 2012, que ponía límites a la Ley de Patentes 24481 de Domingo Cavallo que entró en vigencia en 2000. Al mes siguiente de la modificación libertaria, el INPI de Gallo concedió 90 patentes farmacéuticas y biotecnológicas que con las guías de patentamiento no se hubieran otorgado.

Según datos de los empleados del organismo a los accedió El Destape, ya hoy el 87.7 % de las solicitudes de patentes medicinales son extranjeras. El tratado que se prepara para votar el Senado elevaría rápidamente ese porcentaje.

“Derogar la resolución conjunta y dejar en decisión del INPI qué va a ser patentable o no… Es importante que ustedes sepan que un empleado del INPI que recibe una patente multimillonaria de este tipo cobra en la Argentina menos de 2 millones de pesos de salario, más allá del desfinanciamiento que ha tenido el INPI. Al quitar la resolución conjunta, le estamos poniendo en responsabilidad de ese funcionario público la decisión de patentar o no un medicamento de estos precios. Esto no va a funcionar. No vamos a acompañar porque nuestra preocupación tiene que ser el acceso a los medicamentos para nuestra población y esto no va en ese camino”, dijo el diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin en el debate del 26 de agosto pasado.

El poder de lobby de una industria que declara una facturación multimillonaria frente a funcionarios de bajísimos salarios ya de por sí puede ser considerado una entrega absoluta, en línea con la ley del más fuerte. 

Ubicado en Paseo Colón 771, el INPI juega un papel crucial en la guerra de laboratorios y de él depende la Administración Nacional de Patentes y, tal como reveló El Destape en mayo pasado, suele ser visitado por funcionarios de la embajada de Estados Unidos. El organismo está repleto de problemas estructurales: demoras significativas en exámenes de patentes, recursos técnicos limitados, falta de previsibilidad en algunos criterios técnicos, vulnerabilidad frente a presiones externas y, la política de estado libertaria: bajísimos salarios de personal calificado.

Los salarios de los examinadores de patentes son de los más bajos comparados con otras oficinas de marcas y patentes de la región (INPI-BR, INAPI, DNPI, SIC). Aunque Lugones y Caputo ordenaron algunos aumentos en medio del debate parlamentario, hace un mes se jubiló, después de 30 años, el Comisario de Patentes del organismo, Eduardo Arias.

Fuente: El Destape.