Ley de Soberanía por Malvinas: qué propone y cuáles son sus sanciones

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que toma como eje el reclamo argentino por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, pero que además propone modificaciones más amplias en materia de seguridad y defensa.

El proyecto amplía el régimen de sanciones para las empresas y personas que participen en actividades no autorizadas de explotación de recursos naturales en las islas, sus espacios marítimos circundantes y la Plataforma Continental Argentina. También crea un Sistema de Seguridad Nacional y establece protocolos para la protección del espacio aéreo y marítimo.

Qué sanciones contempla

Una de las principales modificaciones es la ampliación del régimen vigente, que actualmente está centrado en actividades hidrocarburíferas. El proyecto incorpora cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos naturales renovables o no renovables, lo que puede alcanzar también a la actividad pesquera.

Las sanciones no se limitarían a las compañías que realicen directamente las actividades. También quedarían alcanzados proveedores, socios, accionistas, controlantes y quienes brinden bienes o servicios esenciales para operaciones no autorizadas.

Las penas previstas varían según la conducta. Para quienes provean bienes o servicios esenciales a estas actividades se contemplan entre cinco y siete años de prisión, además de multas e inhabilitaciones.

Para actividades de prospección o exploración de hidrocarburos sin autorización, el proyecto establece penas de entre 12 y 15 años. Para la exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las penas podrían llegar a los 20 años.

En el caso de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización, la escala prevista es de 15 a 20 años de prisión. Las multas podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo y también se contemplan inhabilitaciones comerciales de entre cinco y 20 años.

Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional

El proyecto también crea un Sistema de Seguridad Nacional que integraría las áreas diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica.

El órgano rector sería un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además de autoridades de Inteligencia y Legal y Técnica.

Entre sus funciones estaría coordinar las políticas de seguridad y elaborar una estrategia nacional frente a riesgos y amenazas externas.

Protección del espacio aéreo

La iniciativa incorpora un régimen específico para detectar, identificar e interceptar aeronaves consideradas irregulares u hostiles.

El procedimiento establece distintas etapas, que incluyen la identificación, notificación y advertencia. En determinadas circunstancias podría avanzarse hacia una demostración de fuerza.

El uso de la fuerza está previsto como último recurso y requiere una orden expresa del Presidente, facultad que el proyecto permite delegar en el ministro de Defensa. El texto también establece que las medidas deberán respetar el derecho internacional y, en el caso de aeronaves civiles, evitar poner en peligro la vida de sus ocupantes.

Qué plantea para el espacio marítimo

El proyecto también establece procedimientos para la detección, intimación, interceptación, inmovilización e inspección de embarcaciones.

En determinadas situaciones contempla advertencias y disparos de advertencia y, como último recurso, medidas destinadas a inutilizar una embarcación.

Además, diferencia las competencias militares del Comando Conjunto Marítimo de las funciones de seguridad correspondientes a la Prefectura Naval.

El proyecto ahora debe ser tratado por el Congreso

La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados y todavía no es una ley vigente. Su contenido deberá ser debatido y eventualmente modificado durante el trámite legislativo.

Además de las medidas vinculadas directamente con Malvinas, el proyecto propone cambios en la definición de Defensa Nacional, incorpora la protección de infraestructura crítica y contempla nuevas herramientas frente a amenazas externas, tanto estatales como no estatales.