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Los $524.000.000 de Branka Motors y las garantías que quedaron sin ejecutar
Los imputados habían ofrecido bienes para garantizar una reparación integral, pero el acuerdo cayó y la Justicia rechazó ejecutarlos.
La condena a cinco años de prisión efectiva para los tres imputados por la causa Branka Motors puso fin a la discusión penal, pero dejó abierto uno de los interrogantes que más preocupa a los damnificados: qué pasó con los bienes que habían sido ofrecidos como garantía para reparar el perjuicio económico que, según la acusación, alcanzó los $524.000.000.
La investigación comenzó el 19 de enero de este año y, durante su desarrollo, la Unidad Fiscal evaluó junto a las víctimas la posibilidad de alcanzar una reparación integral. Los imputados realizaron una propuesta y la Fiscalía se reunió con los 365 denunciantes para explicarles sus términos. La alternativa obtuvo las conformidades necesarias y fue presentada ante la jueza.
Para respaldar el cumplimiento de esa reparación se habían ofrecido distintos bienes, entre ellos un automóvil, una camioneta y otros inmuebles. Esas propiedades y vehículos quedaron vinculados como garantías frente al compromiso asumido por los imputados.
Sin embargo, el acuerdo no fue cumplido. Ante esa situación, la Fiscalía solicitó que se ejecutaran los bienes ofrecidos para intentar hacer efectiva la reparación a los damnificados. El pedido fue rechazado por la jueza de Garantías, quien entendió que, al haberse revocado el acuerdo de reparación integral y continuar el proceso penal, aquel compromiso había quedado sin efecto.
La resolución, además, no fue impugnada posteriormente por los damnificados ni por las querellas. Por ese motivo, las garantías no llegaron a ejecutarse y los bienes ofrecidos no fueron utilizados para afrontar el perjuicio económico denunciado.
Con la reparación integral caída, la investigación continuó y la Fiscalía avanzó con la acusación. En la audiencia de juicio abreviado realizada este miércoles, los tres imputados aceptaron su participación en los 365 hechos de estafa y la calificación legal atribuida. Finalmente, acordaron una pena de cinco años de prisión efectiva.
La jueza homologó el acuerdo, aunque los fundamentos de la sentencia serán conocidos el martes. En tanto, dos de las querellas se opusieron al juicio abreviado.
Así, mientras la condena avanza por la vía penal, queda pendiente la cuestión económica: cómo podrán los 365 damnificados recuperar parte del dinero perdido y qué destino tendrán los bienes que alguna vez fueron ofrecidos para garantizar el pago.