Los argumentos de CFK que presentó a la ONU por el Caso Vialidad

La disputa judicial por la Causa Vialidad dio un salto de escala y se trasladó al escenario internacional. La defensa técnica de Cristina Fernández de Kirchner formalizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, solicitando medidas cautelares urgentes para frenar lo que definen como una "proscripción electoral". Con el respaldo de un equipo de abogados internacionales, la exmandataria argumentó la violación de garantías constitucionales en el país y sostuvo que el Estado argentino estará obligado a acatar lo que resuelva el organismo internacional.

A través de sus letrados Carlos Beraldi, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim —quien integró el equipo de defensa del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva—, la ex jefa de Estado presentó una comunicación individual impugnando la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El planteo ante la ONU hace hincapié en tres pedidos cautelares concretos: la suspensión inmediata de la inhabilitación para postularse a cargos electivos, la recomposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por considerar que su actual integración impide un recurso judicial efectivo, y un cambio sustancial en las condiciones del arresto domiciliario que cumple la exjefa de Estado.

Sobre este último punto, la defensa denunció restricciones "degradantes", como fallas constantes en la tobillera electrónica, una fuerte presencia policial en la puerta de su residencia y severas limitaciones a su régimen de visitas.

Por su parte, mediante una carta pública titulada "El costo democrático de la politización de la justicia", Fernández de Kirchner remarcó que la inhabilitación perpetua representa la verdadera intencionalidad del fallo judicial, calificando a la pena de prisión como un aspecto accesorio. Desde la defensa argumentaron que el proceso vulneró el principio de "ne bis in idem" (que impide juzgar a una persona dos veces por el mismo delito), señalando que 49 de las 51 obras investigadas en el caso ya habían sido sobreseídas o archivadas con anterioridad en fueros locales.

La sentencia en la Causa Vialidad

La causa investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos comprendidos entre 2003 y 2015. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a la expresidenta a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, absolviéndola del cargo de asociación ilícita.

El agotamiento de la vía judicial interna y el precedente "Lula"

El recurso ante la ONU surge tras la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal y el posterior rechazo de recursos ante la Corte Suprema de Justicia, lo que la defensa considera un agotamiento de las instancias judiciales dentro del país. La estrategia de acudir al Comité de Derechos Humanos en Ginebra replica la vía utilizada años atrás por la defensa de Lula da Silva en Brasil, cuando el organismo emitió resoluciones respecto a la preservación de sus derechos políticos en medio del caso Lava Jato.

El alcance de las resoluciones de la ONU

Aunque los fallos de fondo del Comité de Derechos Humanos pueden demorar años en resolverse, la defensa confía en obtener una pronta definición sobre las medidas cautelares solicitadas. Si bien existe debate técnico en el derecho argentino sobre el carácter vinculante de las recomendaciones emitidas por los comités de tratados de la ONU, la representación legal sostiene que Argentina, como signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está legalmente comprometida a acatar las disposiciones del organismo supranacional.