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Judiciales

Los fiscales se respaldaron ante denuncias y cuestionamientos judiciales

La asociación que nuclea a fiscales y asesores de Menores reivindicó la autonomía del Ministerio Público en medio de denuncias y controversias.

Hace 0 horas
El comunicado de CONFIAS.

Los fiscales de San Juan salieron a respaldar institucionalmente su trabajo en medio de una serie de episodios que pusieron bajo cuestionamiento la actuación de integrantes del Ministerio Público Fiscal. Sin mencionar nombres ni causas concretas, el Consejo de Fiscalías y Asesorías (CONFÍAS) difundió un comunicado en el que defendió la independencia de los funcionarios y reclamó que puedan ejercer sus tareas sin presiones ni condicionamientos.

Aunque el documento no hace referencia directa a ningún expediente, su publicación se produce después de la denuncia penal presentada en la Justicia Federal contra los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes investigan las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum. También coincide con otros conflictos recientes que involucraron a funcionarios judiciales, entre ellos la fiscal Claudia Salica.

En el comunicado, CONFÍAS expresó su respaldo a la labor de los integrantes del Ministerio Público Fiscal y reivindicó el ejercicio de la función fiscal con objetividad, profesionalismo, rigor técnico y apego a la legalidad. Además, puso especial énfasis en las investigaciones de relevancia institucional y aquellas vinculadas con posibles hechos de corrupción.

“Ratificamos nuestro acompañamiento y apoyo a todos los fiscales en el ejercicio legítimo de sus funciones”, sostiene el documento. La asociación también remarcó la necesidad de garantizar que los funcionarios puedan trabajar con independencia, sin presiones ni condicionamientos.

Las denuncias contra los fiscales

Uno de los episodios más recientes fue la denuncia presentada en los tribunales de Comodoro Py contra Gómez y Pizarro, integrantes de la UFI Delitos Especiales. La presentación se produjo en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum y abrió un nuevo frente judicial para los funcionarios que llevan adelante el expediente.

Tras conocerse la denuncia, el fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorrí, también manifestó su respaldo a los investigadores y destacó su profesionalismo, independencia y compromiso con la búsqueda de la verdad.

Otro caso que generó cuestionamientos involucró a Claudia Salica, titular de la UFI Delitos contra la Propiedad. La fiscal fue denunciada por el presunto faltante de dólares durante un allanamiento realizado en una vivienda de Capital.

La denuncia fue desestimada inicialmente por el fiscal Nicolás Schiattino. Posteriormente, el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, revisó la presentación y también resolvió desestimarla.

Sin embargo, la defensa de la denunciante solicitó una audiencia ante un juez para cuestionar esa decisión. En esa instancia intervino Diego Sanz, quien ratificó que la desestimación dispuesta por Schiattino había sido correcta. De esa manera, la decisión fiscal quedó respaldada tras la revisión judicial solicitada por la parte denunciante.

El antecedente de Salica y Sanz

El nombre de Claudia Salica ya había quedado vinculado con una controversia con el juez Diego Sanz durante una audiencia judicial por otro expediente. El desacuerdo giró en torno a los requisitos para homologar un acuerdo de reparación integral y derivó en un planteo de recusación contra el magistrado.

Ese episodio también tuvo repercusiones institucionales y motivó que CONFÍAS saliera a respaldar a los fiscales, en defensa de su autonomía para intervenir en las causas y sostener sus criterios jurídicos.

El nuevo comunicado vuelve a poner en primer plano ese reclamo, ahora en un escenario atravesado por la denuncia contra los investigadores del Acueducto Gran Tulum y por otros cuestionamientos a la actuación fiscal.

Sin aludir expresamente a ninguno de estos casos, CONFÍAS sostuvo que respaldar institucionalmente a quienes cumplen con sus obligaciones es defender la independencia de la Justicia, la vigencia de la legalidad y el compromiso con una sociedad más justa y transparente.

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