Política > Letra chica
Los pormenores del acuerdo San Juan-Vicuña que se debatirán en Diputados
El convenio asegura fondos anticipados para obras y fija regalías del 3%, pero también establece compromisos de largo plazo para la Provincia.
El acuerdo entre San Juan y Vicuña Argentina pone sobre la mesa una cifra difícil de ignorar: hasta US$250 millones anticipados para financiar obras de infraestructura antes de que el proyecto minero comience a producir. Para una provincia con necesidades de inversión y grandes proyectos viales pendientes, el ingreso representa una ventaja concreta.
Pero el convenio no es solamente un adelanto de dinero. A cambio de esa disponibilidad inmediata, San Juan también acepta reglas que condicionarán durante décadas la relación con Vicuña: fija un techo para las regalías, limita futuros aportes de características similares y establece un mecanismo arbitral para resolver eventuales controversias.
La diferencia entre el beneficio inmediato y los compromisos de largo plazo aparece en la letra chica. Mientras la Provincia obtiene recursos y el control sobre qué obras realizar, Vicuña consigue previsibilidad sobre cuánto pagará, qué obligaciones quedarán canceladas con el aporte y bajo qué condiciones podrán exigírsele nuevos desembolsos.
El Acta Compromiso enviada a Diputados, por lo tanto, excede ampliamente los US$250 millones que dominaron el anuncio público. Su alcance también comprende el futuro económico del Proyecto Vicuña, incluso en materia de regalías para yacimientos que puedan incorporarse dentro del radio de 75 kilómetros previsto en el convenio.
US$250 millones ahora, pero no son un aporte adicional
El principal beneficio para San Juan es disponer anticipadamente de hasta US$250 millones para infraestructura, administrados mediante un fideicomiso controlado y auditado por la Provincia.
La contracara es que ese monto cancelará el Aporte DIA correspondiente a los primeros cinco años desde el inicio de la producción comercial. Recién desde el sexto año comenzará a devengarse el aporte variable.
La ecuación podrá medirse cuando Vicuña produzca: si en esos cinco años el aporte variable hubiera sido inferior a US$250 millones, el adelanto favorecerá a San Juan; si hubiese sido superior, la Provincia no podrá reclamar la diferencia bajo ese concepto.
Regalías del 3% para toda la vida de Vicuña
Uno de los compromisos de mayor alcance está en las regalías. El convenio fija un máximo del 3% durante toda la vida útil del Proyecto Vicuña y no lo limita a Josemaría.
El régimen comprende todas las propiedades y derechos mineros que integran actualmente el Proyecto Vicuña y también cualquier otro yacimiento que la empresa explote dentro de un radio de 75 kilómetros desde los límites externos del proyecto, siempre que esté en San Juan y sea incorporado al Proyecto Vicuña. No se trata, por lo tanto, de todo el “Distrito Vicuña”, sino de los yacimientos que cumplan esas condiciones.
El 3% se calculará sobre los ingresos o valor bruto de comercialización, con control provincial sobre precios y documentación.
La Ley Nacional 27.743 habilitó en 2024 regalías de hasta el 5% para determinados proyectos que no hubieran iniciado la construcción de la etapa de explotación antes de su vigencia, previa adhesión provincial. San Juan no adhirió al artículo 103. En junio de 2026 ingresó a Diputados un proyecto para hacerlo, todavía sin tratamiento.
El convenio sostiene que Josemaría había iniciado su construcción antes del 8 de julio de 2024 y, sobre esa base, establece que las regalías de Vicuña no podrán superar el 3% durante toda la vida del proyecto, incluyendo futuros yacimientos incorporados bajo la cláusula de los 75 kilómetros.
Las obras pasan a la Provincia y el aporte tiene un techo
Con el aporte también quedan cumplidas obligaciones que la DIA había impuesto directamente a Vicuña, entre ellas obras hidráulicas, financiación de proyectos comunitarios e inversiones en forestación. La Provincia definirá, licitará y ejecutará las obras, mientras que Vicuña irá desembolsando los fondos contra certificados de avance aprobados.
El convenio fija, además, un límite: alcanzados los importes máximos comprometidos, Vicuña no estará obligada a realizar nuevas transferencias para financiar las obras, más allá de los gastos específicos previstos para el fideicomiso.
Por eso, si los trabajos terminan costando más que los recursos cubiertos por el acuerdo, esa diferencia no podrá reclamarse a Vicuña mediante este mecanismo. San Juan deberá cubrirla con fondos propios, buscar otra fuente de financiamiento o ajustar las obras.
La cláusula de “Acuerdo Definitivo” refuerza este punto: la Provincia se compromete a no imponer a Vicuña nuevos aportes de naturaleza análoga vinculados directa o indirectamente con el proyecto. Si en el futuro surgiera una obligación semejante, lo ya aportado deberá computarse a cuenta.
Si Vicuña alega perjuicio, ¿paga San Juan?
El acuerdo dispone que las controversias deberán intentar resolverse de manera amistosa. Si después de 90 días no hay acuerdo, cualquiera de las partes podrá recurrir a un arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con tres árbitros y sede en San Juan.
El tribunal podrá analizar incluso si decisiones provinciales tomadas mediante facultades ambientales, mineras, tributarias o de fiscalización incumplen o perjudican derechos reconocidos a Vicuña por el convenio.
Así, si la empresa considera que una medida provincial le provocó un perjuicio económico respecto de esos derechos, podrá reclamar ante los árbitros. Eso no obliga automáticamente a San Juan a indemnizarla: el tribunal deberá determinar si existió incumplimiento y sus consecuencias.
La Provincia conserva sus facultades para actuar, incluso en materia ambiental, pero esas decisiones podrán ser revisadas en el arbitraje. Además, el laudo será vinculante y el convenio establece que no se admite recurso contra la decisión de los árbitros.
En síntesis, San Juan consigue financiamiento anticipado y control sobre las obras. Vicuña obtiene, a cambio, previsibilidad sobre regalías, aportes y obligaciones durante décadas. Los US$250 millones son solo una parte de un acuerdo que también fija compromisos de largo plazo para la Provincia.
RIGI
Vicuña ya cuenta además con los beneficios del RIGI. El proyecto fue incorporado formalmente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones creado por la Ley 27.742, con fecha de adhesión 3 de junio de 2026. El régimen le otorga estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria de largo plazo. El acuerdo con San Juan no crea esos beneficios ni fija por el RIGI las regalías en 3%, pero agrega una capa de previsibilidad provincial sobre regalías, aportes, obras y eventuales controversias.
¿Qué gana jurídicamente Vicuña con este acuerdo provincial que no tuviera ya garantizado por el RIGI y por la Ley de Inversiones Mineras?