Nación denunció penalmente a las cinco petroleras de las Malvinas

El Gobierno nacional anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas petroleras vinculadas con tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación judicial se basa en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que castiga penalmente las actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina en el área.

La demanda se llevará a cabo en los tribunales federales porteños y estará impulsada formalmente por el canciller Pablo Quirno. La acción legal contará además con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.

La medida de carácter federal alcanzará de manera directa a firmas extranjeras como Navitas Petroleum Development y JHI Associates. El objetivo central de la administración es frenar el avance del proyecto petrolero conocido en la región como Sea Lion.

Estrategia contra las petroleras extranjeras

Para el Ejecutivo nacional, las autorizaciones otorgadas por el gobierno del Reino Unido implican una violación directa de las normativas vigentes. La acusación oficial no se limitará únicamente a las sociedades corporativas involucradas en el negocio extractivo.

La denuncia penal incluirá también a todos los directores, gerentes, síndicos y representantes legales que hayan intervenido en los hechos. Desde la Casa Rosada remarcaron que se buscará sancionar a cada uno de los responsables de estas operaciones inconsultas.

Las autoridades nacionales recordaron que estas acciones unilaterales contradicen abiertamente las resoluciones históricas adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas. El yacimiento petrolífero se encuentra ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago y opera a gran profundidad.

Prioridades presupuestarias y defensa soberana

En paralelo a la ofensiva judicial, el presidente Javier Milei firmó una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo. La orden oficial exige priorizar dentro del Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada y proyectos de seguridad.

Esta iniciativa presupuestaria fundamental deberá ser remitida de manera obligatoria al Honorable Congreso de la Nación antes del próximo 15 de septiembre. Las medidas forman parte de una política integral destinada a resguardar los intereses estratégicos del país.