Acueducto Gran Tulum: Fiscalía investiga los contratos, no los caños

La investigación penal vinculada al acueducto continuará al menos hasta principios de noviembre. La jueza de Garantías concedió una prórroga de 90 días hábiles solicitada por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes buscan profundizar distintas medidas de prueba relacionadas con la faz administrativa del proyecto.

La aclaración más importante realizada por el fiscal tiene que ver con el objeto concreto de la pesquisa. Actualmente, la investigación no está centrada en establecer si los caños utilizados en el acueducto son aptos o no para la obra. Ese aspecto técnico no forma parte, por ahora, del núcleo de análisis penal.

Lo que están investigando Gómez y Pizarro son los procedimientos administrativos vinculados al proyecto. Es decir, buscan determinar cómo se desarrollaron las licitaciones, contrataciones, adjudicaciones, controles y demás actos administrativos relacionados con la ejecución de la obra.

La decisión fue adoptada luego de una audiencia realizada tras un cuarto intermedio dispuesto para notificar al abogado Marcelo Usair, quien se presentó espontáneamente en representación de dos personas interesadas en el expediente. Finalmente, el letrado no participó de la audiencia y la magistrada resolvió otorgar el plazo requerido por el Ministerio Público Fiscal.

Según explicó Gómez, la extensión concedida constituye la última prórroga disponible dentro de esta etapa de investigación penal preparatoria. Durante ese período, los fiscales deberán determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una formalización de la investigación contra eventuales responsables o, por el contrario, desestimar o archivar las actuaciones.

En ese marco, la Fiscalía continúa reuniendo documentación, solicitando informes y evaluando antecedentes para establecer si existió alguna conducta que pueda encuadrarse dentro de un delito penal. El propio fiscal confirmó que durante esta etapa pueden seguir incorporándose pruebas documentales, requerimientos a organismos públicos y declaraciones testimoniales.

La relevancia de la precisión realizada por la Fiscalía radica en que una eventual discusión sobre la calidad o aptitud de los materiales utilizados en la obra dependerá primero del resultado de la investigación actual. Si durante el análisis de la documentación administrativa surgieran indicios de un delito, podrían abrirse nuevas líneas de investigación vinculadas a las decisiones adoptadas durante la ejecución del proyecto.

Por el contrario, si los fiscales concluyen que no existió delito alguno en el proceso administrativo bajo análisis, la causa penal podría cerrarse sin avanzar hacia una formalización.

Sin embargo, ello no impediría que el Estado provincial impulse reclamos por otra vía. En caso de comprobarse que los caños utilizados no cumplen con las especificaciones técnicas o contractuales previstas para la obra, la Provincia podría acudir a la Justicia Civil para reclamar por un eventual incumplimiento contractual y exigir las responsabilidades correspondientes.

Por ahora, la causa permanece enfocada exclusivamente en determinar si existieron irregularidades de relevancia penal en la gestión administrativa del acueducto. Con los 90 días hábiles adicionales otorgados por la jueza, los fiscales buscarán reunir los elementos necesarios para definir el futuro de una investigación que sigue en etapa preliminar y cuyo desenlace se conocería hacia principios de noviembre.