Orrego marcó el cumplimiento de la ley en la actividad minera

En un contexto donde la minería y sus implicaciones ambientales son asuntos relevantes, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, tomó la delantera en la búsqueda de soluciones que no solo promuevan el desarrollo económico, sino que también garanticen la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales. Esto se hizo evidente en su discurso anual en la Cámara de Diputados, donde abordó el acopio a la intemperie de cenizas tóxicas mineras en el Parque Industrial de Chimbas, un asunto que ha sido objeto de investigación por parte de DIARIO HUARPE y su resolución final aplicando la ley.

Marcelo Orrego destacó que su gestión está comprometida con el cumplimiento de las leyes en el sector minero y en todas las industrias. “Creamos el Programa Integral de Gestión y Remediación Ambiental de Residuos Peligrosos”, afirmó, subrayando la importancia de un enfoque proactivo en la gestión de residuos. El gobernador anunció que el destino final de las cenizas tóxicas será un relleno de seguridad en la provincia de Neuquén, enfatizando que “la totalidad de los gastos es responsabilidad de las empresas generadoras de los residuos”. Esta declaración no solo refleja un compromiso con la salud pública y el medio ambiente, sino que también establece un precedente sobre la responsabilidad empresarial en la gestión de sus desechos.

En su discurso, Orrego también se refirió a la necesidad de aumentar la transparencia y agilidad en el otorgamiento de concesiones mineras. Para 2025, se planteó el desafío de digitalizar integralmente el padrón y canon minero, un proyecto que ya se inició en enero. “La implementación y seguimiento riguroso de estándares ambientales y sociales, con la cooperación del Instituto de Desarrollo Sostenible (IDS), será clave en este proceso”, agregó. Esta iniciativa no solo busca modernizar la gestión minera, sino también asegurar que las prácticas mineras sean responsables y sostenibles.

El gobernador enfatizó que para que existan inversiones mineras responsables, es fundamental contar con una iniciativa privada activa, pero también con un Estado que cumpla su rol de promotor de la minería. “Debemos generar marcos legales sólidos, sin excesos burocráticos, y controlar las inversiones para que sean ambiental y socialmente responsables”, afirmó. Este enfoque equilibrado es esencial para fomentar un clima de confianza entre los inversores y las comunidades afectadas por la actividad minera.

En este marco, Orrego contó sobre una futura presentación del proyecto de ley de Proveedores Mineros, que busca desarrollar la cadena de valor y fortalecer las comunidades mineras. La intención es que ese piso del 20 por ciento que establece el RIGI para la totalidad de los contratos se cumpla con proveedores de San Juan. A través de una norma legal, se establecerá un plan en el que las empresas, de manera voluntaria, ofrecerán el desarrollo de proveedores y especificarán qué porcentaje se destinará a las comunidades locales y cómo este porcentaje irá creciendo con el tiempo.