Piden auditar los algoritmos de crédito de Mercado Pago, Ualá y Naranja X

Legisladores del bloque Peronismo Federal presentaron un pedido formal ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) para que se inicie una investigación contra las principales billeteras digitales e intermediarios no financieros del país.

La acción apunta a determinar si plataformas masivas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Prex, Cocos, Claro Pay y AstroPay incurrieron en conductas anticompetitivas, abuso de posición dominante y fijación de costos financieros excesivos, en un contexto marcado por el alarmante nivel de endeudamiento que afecta a las familias argentinas y con especial impacto en las economías regionales.

La presentación, que lleva las firmas de los diputados Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipi” Ali, Kelly Olmos, Emir Félix y Pablo Yedlin, se focaliza en el funcionamiento de un universo compuesto por 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros de crédito —entre los que se incluyen cooperativas y mutuales— autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Al respecto, el legislador entrerriano Guillermo Michel alertó que los salarios y jubilaciones vienen perdiendo sistemáticamente frente a la inflación y los gastos fijos, empujando a los trabajadores y monotributistas a recurrir al crédito de rápido acceso mediante aplicaciones para cubrir consumos elementales como la compra de alimentos.

Según remarca la denuncia, en diversos casos las Tasas Efectivas Anuales (TEA) alcanzan techos del 700%, configurando un escenario donde más de 5,5 millones de personas se encuentran en condición de deudores.

Los legisladores sostienen que las plataformas denunciadas ostentan una posición determinante en el procesamiento de pagos minoristas y que la combinación entre la infraestructura transaccional, el manejo de datos de los usuarios y el otorgamiento directo de préstamos crea severas barreras de entrada para otros competidores, encareciendo el financiamiento a sectores vulnerables que no acceden a la banca tradicional.

Entre las medidas probatorias requeridas, la bancada solicitó a la ANC que ordene al Banco Central la entrega del historial detallado de las tasas y del Costo Financiero Total (CFT) aplicado por cada entidad durante los últimos 24 meses, exigiendo precisar cuáles operaron por encima de la media del mercado y cuáles registraron los índices de morosidad más altos.

Asimismo, reclamaron la formación de un cuerpo pericial multidisciplinario compuesto por economistas e informáticos para auditar los algoritmos y sistemas de scoring crediticio de las aplicaciones, con el fin de evaluar si utilizan la información transaccional para discriminar precios o imponer condiciones desproporcionadas ante la falta de alternativas del usuario.

El escrito advierte además sobre la falta de interoperabilidad de los datos financieros, un factor que impide a los clientes trasladar su reputación crediticia hacia otras entidades y limita de manera directa la libre competencia.

Por tales motivos, la presentación encuadra el accionar de las empresas en posibles infracciones a la Ley de Defensa de la Competencia (Nº 27.442), la Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24.240), la Carta Orgánica del BCRA y artículos del Código Civil y Comercial referidos al abuso de derecho y la posición dominante, solicitando el cese inmediato de las conductas irregulares y la aplicación de las sanciones previstas por la normativa vigente.