Polémica por cambios y despidos en ciberseguridad del Estado Nacional

La Disposición 7/2026 obliga al Sector Público Nacional —incluida ARSAT— a adquirir equipamiento con el estándar estadounidense SCS 9001, lo que deja afuera en la práctica a proveedores como Huawei y ZTE. El cambio ocurrió tras la salida de Ariel Waissbein y en medio del aumento de ciberataques.

El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) oficializó una normativa que exige certificaciones técnicas de Estados Unidos para la compra de equipamiento de telecomunicaciones del Estado, una medida que en los hechos bloquea la participación de compañías tecnológicas chinas como Huawei, ZTE, Hikvision o Dahua en las licitaciones públicas y reconfigura la estrategia informática nacional.

La Disposición 7/2026, publicada en el Boletín Oficial el pasado 6 de noviembre bajo la nueva conducción de Walter Agüero —quien reemplazó al desplazado Ariel Waissbein—, establece el cumplimiento obligatorio del estándar estadounidense SCS 9001, desarrollado por la Telecommunications Industry Association (TIA).

Si bien la resolución no prohíbe marcas por su país de origen, las firmas chinas carecen de esa certificación norteamericana, por lo que quedan automáticamente excluidas de proveer a todo el Sector Público Nacional, incluidas empresas estatales estratégicas como ARSAT (que actualmente utiliza equipamiento Huawei en la Red Federal de Fibra Óptica). Además, el artículo 9 de la norma instruye al ENACOM a evaluar la extensión de estos mismos requisitos a las operadoras privadas de telecomunicaciones.

Recambio de autoridades

El giro normativo estuvo precedido por una fuerte interna política y técnica dentro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, encabezada por Adriana Baravalle. A fines de octubre, un día antes de su inauguración en el Centro Cultural de la Ciencia, la funcionaria ordenó suspender una jornada en la que veinte empresas tecnológicas argentinas iban a presentar proyectos para conformar un catálogo de proveedores locales destinado al futuro Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) del Estado.

Tras esa cancelación se produjo la salida de Waissbein y la designación de Agüero. En paralelo, se anunció un aporte de 15 millones de dólares por parte de Estados Unidos para instalar un centro de operaciones de ciberseguridad en ARSAT —donde suena como posible proveedora la firma estadounidense CrowdStrike—, en el marco del alineamiento geopolítico del Gobierno nacional con la administración de Donald Trump.

Críticas de especialistas y hackeos

La reestructuración también alcanzó al CERT.ar, el equipo nacional encargado de coordinar la respuesta ante incidentes informáticos, donde fue despedido su coordinador, Ariel Cessario. En declaraciones periodísticas, el especialista advirtió que la nueva normativa restringe la competencia a un grupo reducido de empresas certificadas por la TIA y cuestionó que definiciones técnicas queden subordinadas a criterios diplomáticos.

Cessario alertó además sobre el deterioro de las defensas digitales en áreas sensibles del Estado —mencionando puntualmente la vulnerabilidad de instituciones como el Hospital Garrahan ante eventuales ataques de secuestro de datos (ransomware)— y señaló que la reducción de personal debilita la capacidad operativa del área.

El escenario genera preocupación entre expertos del sector debido al crecimiento sostenido de las amenazas informáticas: según datos del propio CERT.ar, los incidentes de seguridad contra sistemas estatales pasaron de 520 casos registrados en 2025 a más de 1.200 ataques en lo que va de 2026, en un contexto global marcado por golpes de gran escala contra infraestructuras críticas y plataformas financieras.