Procesan a dos ex funcionarias por las muertes de fentanilo

La investigación judicial por el escándalo del fentanilo contaminado dio un paso clave. El juez federal Ernesto Kreplak procesó sin prisión preventiva a Nélida Agustina Bisio, ex directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y a Gabriela Mantecón Fumadó, ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), en el expediente que investiga 90 muertes. El magistrado ordenó la inhibición general de bienes de ambas ex funcionarias y fijó un embargo de $500 millones para cada una, al considerar que existen elementos suficientes para atribuirles una participación relevante en los hechos investigados.

Una causa que ya tiene 15 procesados

Con esta decisión, la causa alcanza un total de 15 personas procesadas. Entre ellas se encuentran Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y de Laboratorios Ramallo, y su hermano Diego García Furfaro, quienes permanecen involucrados en la investigación desde etapas anteriores del expediente.

La pesquisa se inició hace más de un año y se convirtió en uno de los casos sanitarios más relevantes de los últimos tiempos. El expediente busca determinar las responsabilidades penales por la producción y distribución de partidas de fentanilo que habrían llegado a hospitales y centros de salud de distintas provincias.

La Justicia investiga si existieron fallas sistemáticas en los controles estatales y en los mecanismos de fiscalización que permitieron que los productos cuestionados ingresaran al circuito sanitario.

El rol que les atribuye la Justicia

Según la resolución judicial, las ex funcionarias habrían realizado un “aporte concreto y necesario” que permitió la afectación de la salud pública y de la integridad física de las víctimas. Para el juez, las decisiones adoptadas durante su gestión contribuyeron a que los responsables directos pudieran llevar adelante la fabricación, comercialización y distribución de los lotes cuestionados.

Kreplak sostuvo que la investigación permitió identificar una serie de omisiones vinculadas a la aplicación de medidas preventivas y correctivas previstas por la normativa vigente. En ese marco, consideró que el apartamiento de procedimientos técnicos y de los plazos regulatorios tuvo una incidencia determinante en el desarrollo de los hechos.

La acusación se centra especialmente en la falta de adopción de mecanismos de control que, según la hipótesis judicial, podrían haber evitado o limitado la circulación de los productos que terminaron generando consecuencias sanitarias de enorme gravedad.

El antecedente del pedido de detención

El procesamiento se produjo semanas después de un duro dictamen elaborado por la Fiscalía Federal N.º 1 de La Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. En ese documento, los fiscales habían solicitado la detención de ambas ex funcionarias al considerar que existían elementos suficientes para avanzar en su imputación.

Las dos fueron detenidas a comienzos de agosto y posteriormente indagadas. Durante esas audiencias, las estrategias defensivas fueron diferentes. Mientras Bisio optó por no responder preguntas y sostuvo que determinados procedimientos dependían de otras áreas técnicas del organismo, Mantecón Fumadó sí respondió consultas durante varias horas y luego amplió su declaración.

Con el procesamiento ya dictado, la causa entra en una nueva etapa. El expediente continuará acumulando pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados en un caso que mantiene en alerta al sistema sanitario y que busca esclarecer cómo se produjo uno de los episodios más graves vinculados al control de medicamentos en la Argentina.