Proyecto de Ecocidio: frenan su debate en el Senado para introducir reformas

La senadora nacional por Chubut, Edith Terenzi, decidió postergar el tratamiento en el recinto del proyecto de ley que busca incorporar la figura del ecocidio al Código Penal argentino, con el fin de introducir modificaciones y acordar con los sectores productivos e industriales que cuestionaron la iniciativa.

Pese a obtener dictamen favorable tras dos años de trabajo técnico, la legisladora frenó el debate parlamentario para abrir una mesa de diálogo con las cámaras empresarias del petróleo, la minería y el agro, junto a senadores de La Libertad Avanza que solicitaron revisar su apoyo.

La propuesta fija penas de hasta 15 años de prisión —que se elevan a 25 años si ocurren muertes por daños ambientales irreversibles— para tipificar de manera autónoma los delitos contra el ambiente. Sin embargo, las advertencias del sector privado sobre el impacto en las inversiones y en el desarrollo de Vaca Muerta forzaron la revisión de la norma.

Sin fundamentalismos ni prohibir la producción

En declaraciones a Actualidad 2.0, Terenzi garantizó que buscará una redacción consensuada “sin fundamentalismos ni prohibir la producción”. La senadora defendió la necesidad de contar con un capítulo en el Código Penal que proteja el ambiente como bien jurídico autónomo, superando la fragmentación de la Ley de Residuos Peligrosos o regulaciones contravencionales locales. No obstante, aceptó la importancia de precisar los términos legales para evitar inseguridad jurídica en actividades estratégicas.

Los sectores de oil & gas, minería y agro advirtieron que la norma, al sancionar la violación de “cualquier normativa vigente” y usar conceptos como daño “irreversible” o “grave” sin parámetros cuantificables, podría criminalizar el riesgo operativo habitual y frenar desembolsos de largo plazo. Referentes energéticos como el exsecretario Daniel Montamat señalaron que bajo este marco Vaca Muerta no se habría desarrollado.

Delimitación entre falta administrativa y delito penal

El eje del debate radica en fijar con precisión el límite donde una infracción administrativa o civil pasa a constituir un delito penal. Las industrias afectadas sostienen que un incidente técnico no intencional —resuelto comúnmente mediante planes de mitigación o remediación probados en la actividad— no debería derivar en una imputación penal por negligencia o impericia. La falta de parámetros objetivos para determinar cuándo un ecosistema es afectado de forma “irreversible” o cuánto tiempo requiere su recuperación genera una zona de indefinición jurídica. Al depender de evaluaciones dispares entre especialistas, se traslada una controversia técnica al fuero penal, modificando la evaluación de riesgo en nuevos proyectos y comprometiendo la llegada de divisas al país.

Pasivos ambientales y resguardo de las inversiones

La preocupación por la norma alcanzó especial relevancia en la provincia de Chubut y en los pasivos ambientales históricos de Comodoro Rivadavia. Ante las dudas sobre si las operadoras podrían ser perseguidas penalmente por la sola presencia de pozos o piletas inactivas, Terenzi aclaró que la existencia del pasivo ambiental no configura delito por sí misma, a menos que genere un daño grave y activo en ecosistemas marinos o terrestres. De este modo, la aclaración busca aportar certidumbre a la industria petrolera sin aplicar sanciones automáticas sobre situaciones heredadas que requieren procesos de remediación gradual.

Un marco previsible para el desarrollo sustentable

Tanto los sectores productivos como la legisladora coinciden en que la Argentina requiere consolidar seguridad jurídica y reglas previsibles para sostener la expansión de sus industrias clave y generar empleo de calidad.

La postergación del debate en el Senado abre un período crucial de consultas técnicas con las cámaras empresarias del petróleo, la minería y el agro. El desafío será construir una ley moderna que fortalezca la tutela ambiental del patrimonio natural sin restar previsibilidad a proyectos estratégicos que demandan cuantiosos desembolsos de capital y extensos plazos de amortización.